operación lezo

SEPI fulmina al hermano de Ignacio González por la operación Lezo

La empresa pública de mercados de abastos, dependiente también de Agricultura, ha desarrollado un mercado en Angola donde se pagaron comisiones de 20 millones

Eduardo Ameijide, en un acto celebrado el pasado año
Eduardo Ameijide, en un acto celebrado el pasado año MERCASA

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha aceptado la dimisión como presidente de Mercasa (sociedad pública de mercados de abastos) de Eduardo Ameijide y Montenegro después de las sospechas sobre la actividad en el exterior de esta sociedad pública, donde trabaja el hermano de Ignacio González. SEPI asegura que ha sido una dimisión "que tendrá efectos en el Consejo de Administración de la compañía convocado para el próximo martes, día 25".

En un comunicado enviado este viernes, la sociedad estatal también anuncia el cese fulminante del hermano del ex presidente de la Comunidad de madrid. "Ha procedido al cese de don Pablo González González y de doña María Jesús Prieto Jiménez como directivos de la empresa". El motivo de estos ceses es "la investigación abierta a estos directivos y el compromiso de ofrecer la máxima colaboración, sin ningún tipo de trabas, a la Administración de Justicia". Pablo González es hermano de Ignacio González.

La sociedad pública espera que los responsables afectados por la investigación "puedan acreditar una actuación ajustada a la más estricta legalidad y conforme a Derecho".

Tal y como avanzó en exclusiva Vozpópulien febrero, el Consorcio Mercasa Incatema, la compañía participada al 50% por la pública Mercasa –controlada por la Sepi (51%) y el Ministerio de Agricultura (49%)- y la privada Incatema Consulting, tuvo en nómina en Angola al menos entre los años 2006 y 2014 a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española, al que pagó cifras millonarias por su intermediación en la construcción de un mercado de abastos en Luanda, capital del país africano.

Según fuentes de la investigación, el pago de comisiones por contratos a precios inflados se habría desarrollado no sólo en el país lusófono, sino también en otros como Argentina, Dominicana o Panamá.


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