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Rajoy impone a Brufau la firma del acuerdo de 5.000 millones con Argentina por razones de Estado

El juez de Villarejo deja al borde del banquillo a los exjefes de Seguridad de Repsol y Caixa
Isidro Fainé, presidente de La Caixa, habla con Antonio Brufau, presidente de Repsol.

Lo que en junio era una oferta trampa, hoy se ha convertido en un gran acuerdo; lo que antes eran bonos basura imposibles de cobrar en un país como Argentina, hoy son títulos garantizados y seguros, convertibles en activos líquidos para las arcas de Repsol.

Este es el antes y el después de la valoración que el equipo directivo de la petrolera hace de dos propuestas casi idénticas: la que presentó Pemex en junio, y la que ahora se ha traído el Gobierno español de Buenos Aires. Ambas, con ciertos matices, cifran la compensación por la expropiación del 51% de YPF en unos 5.000 millones de dólares.

Pero ahora ni el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ni ese Consejo de Administración que en junio fulminó por unanimidad la oferta por insuficiente y por ser una trampa traída por el accionista mexicano, pueden oponerse ahora a un acuerdo que es una cuestión de Estado.

Así se lo ha hecho saber Moncloa a Brufau y a los principales accionistas de la petrolera, que hoy darán luz verde al principio de acuerdo firmado a tres bandas por los Gobiernos de España, Argentina y México.

Repsol rechazó en junio la propuesta de Pemex, lo que provocó que Peña Nieto moviese ficha y pidiera a Rajoy que interviniera para buscar un acuerdo con Argentina

Según las fuentes consultadas, el Gobierno no quiere sorpresas en el Consejo que celebra Repsol en Madrid, y aunque la propuesta sólo difiere en matices de la de junio, ha de salir adelante porque pone fin al conflicto político de España con Argentina y al malestar del Gobierno de México, a cuenta de la imposibilidad de Pemex, atada de pies y manos, para desembarcar en el país austral si persistía la guerra de Repsol con Kirchner.

Hacía meses que Brufau había desistido de la vía negociadora para solucionar el conflicto con Argentina, ante la manifiesta negativa del Gobierno Kirchner a ofrecer una compensación mínimamente razonable. Sin embargo, sus dos accionistas principales, La Caixa (13%) y Pemex (9,4%), mantuvieron tendidos los puentes con la Casa Rosada en busca de una salida negociada que, finalmente, han tenido que sacar adelante los Gobiernos.

Por eso han estado presentes en la firma del acuerdo político que se alcanzó en la tarde del lunes. A los ministros Soria y Kicilof les acompañaban Isidro Fainé (Caixa), Emilio Lozoya (Pemex) y Miguel Galuccio (YPF), que son los que han hecho posible el acuerdo.

Brufau fue excluido de la negociación por Kirchner, si bien desde Repsol se ha señalado que fue el ejecutivo de Mollerusa el que trabajó con Soria el documento que luego el ministro consensuó con Lozoya y que ha servido de base para el acuerdo de Buenos Aires. Al menos, Repsol pudo enviar a la capital argentina a tres de sus directivos.

Hasta ahora, Brufau se caracterizaba por tener mano izquierda y buen talante para afrontar las rebeliones internas en el seno de su accionariado

Fuentes políticas y empresariales coinciden en señalar que Brufau ha quedado desautorizado por los Gobiernos involucrados en el acuerdo y por sus dos accionistas de referencia, Caixa y Pemex. Este último, además, ha pedido oficialmente su cabeza.

El presidente de Repsol, que hasta ahora había tenido mano izquierda y buen talante a la hora de gestionar las rebeliones internas (véase el ataque de Sacyr y Pemex de 2011), ésta vez no ha jugado bien sus cartas en la estrategia de confrontación con Kirchner ante los tribunales internacionales y se ha quedado fuera de la foto (aún no hecha pública) de la firma de la paz.

Pero es más. Si en un principio, Brufau actuó en defensa de sus accionistas para no dar luz verde desde el consejo a propuestas (oficiales y extraoficiales) draconianas de Argentina, en los momentos cruciales, cuando el acuerdo se acercaba y los tres Gobiernos se pusieron a trabajar en ello, no ha estado a la altura de las circunstancias y se ha empeñado en mantener la batalla judicial pidiendo los 10.500 millones de dólares de compensación que ha reclamado siempre, señalan esas mismas fuentes.

Si Repsol decide hacer líquidos los bonos argentinos, su valor de mercado puede verse penalizado hasta en un 30% por la desconfianza que sufre la deuda del país ante los inversores internacionales

Y todo para que al final, sobre la mesa del Consejo de Administración haya hoy un principio de acuerdo valorado en 5.000 millones de dólares en bonos garantizados y convertibles. Bonos que, si Repsol pretendiera hacerlos líquidos en el mercado, sufrirían la penalización que arrastra la deuda argentina en esos mercados internacionales.

Su calificación crediticia (CCC+) está a la altura de las Chipre, Grecia, Egipto o Pakistán, con lo que la única forma de colocarlos a los inversores es con fuertes descuentos de hasta el 30%, señalan fuentes financieras.

Así, lo que ahora son bonos garantizados por 5.000 millones podrían valer en el mercado en torno a 3.500 millones de dólares si Repsol decidiera monetizarlos, una compensación por la expropiación que está a años luz de lo que exigía Brufau hasta hace unos días.

Brufau se ve obligado a aceptar una oferta similar a la que rechazó en junio, ya no cuenta con la confianza de sus accionistas y del Gobierno y prepara su dimisión al frente de Repsol

Aún así, la propuesta actual mejora la que Pemex se trajo de Argentina en junio, también valorada en 5.000 millones de dólares, si bien 1.500 eran en bonos y 3.500 en activos de Vaca Muerta que estaban sobrevalorados. A petición de Brufau, el consejo tumbó esa oferta, lo que obligó al presidente Peña Nieto a mover ficha ante Rajoy, como adelantó Vozpópuli.

Ayer mismo, Pemex hizo un gesto de buena voluntad tras el acuerdo de Buenos Aires y anunció la compra del 51% del astillero gallego Barreras por 5,1 millones de euros, desbloqueando así el proceso de adjudicación de dos buques hoteles a esta empresa y a Navantia.

Ahora, Brufau no tiene otra salida que dar el sí en un consejo donde ya no goza de la confianza de antaño de Caixa y Pemex. De ahí que el directivo catalán esté ya preparando su dimisión y la salida de la presidencia de Repsol, por lo que podría recibir una indemnización total superior a los 30 millones de euros.

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