Publicado: 22/09/2012 04:00
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá la última palabra sobre el destino de los ingresos obtenidos con la denominada reforma energética, una batería de impuestos al sector diseñada para poner fin al gigantesco problema del déficit de tarifa eléctrico.
El proyecto de ley remitido el pasado jueves a las Cortes modifica los primeros borradores que manejaba el Ejecutivo después de que el pasado 14 de septiembre el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto. Y algunos cambios pueden tener calado. El texto, que está firmado al alimón por Hacienda y por Industria y que ahora debe superar el trámite parlamentario, establece que los ingresos obtenidos con los nuevos impuestos “seguirán el régimen general previsto” en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria. Es decir, que Hacienda decidirá a qué se destinan esos fondos.
En los borradores iniciales, se decía que la recaudación se destinaría “a financiar determinados costes del sistema eléctrico”, vinculados “a fines de fomento de las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética”; es decir, a sufragar las primas verdes. Ahora, para costear esas partidas “podrá tenerse en cuenta, entre otros, el importe de dichos ingresos”.
En el sector temen que el esfuerzo que se pide a empresas y consumidores se destine a otros fines
Fuentes de la Administración dan por hecho que esos ingresos irán destinados al sistema eléctrico y argumentan que el cambio tiene una motivación jurídica: los impuestos nunca pueden ser finalistas, por lo que se destinan a la caja única de Hacienda y luego se distribuyen. Sin embargo, fuentes del sector temen que el esfuerzo que se pide a las empresas (y a los consumidores, a los que se va a repercutir buena parte del impuestazo) sirva para otros fines.
Los primeros borradores del anteproyecto también señalaban que los costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y primas verdes) y de diversificación y seguridad de abastecimiento serán “satisfechos por los consumidores y los productores y así como por las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y del Tesoro Público”.
Este párrafo permanece igual, pero con un matiz: se elimina la mención al Tesoro, que, según dijo el pasado día 14 el ministro de Industria, José Manuel Soria, asumirá la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011, y que ahora representan un "coste adicional" de unos 2.100 ó 2.200 millones al año.
El impuestazo recaudará entre 3.038 y 3.181 millones, sin contar las subastas de CO2
La memoria económica del proyecto de ley texto incluye estimaciones del impacto de las diferentes medidas, con las que el Gobierno espera una recaudación de entre 3.038 y 3.181 millones, sin contar los ingresos previstos por las subastas de CO2.
También recoge una previsión del incremento de precios que experimentará el consumidor doméstico de gas con el denominado céntimo verde a esta materia prima, aunque sin incluir el IVA. En el caso de la TUR 1 (para hogares que sólo usan gas para cocinar), el incremento rondaría el 3%; en la TUR 2 (que incluye calefacción), sería del 3,92% y en la TUR 3 (viviendas con un consumo de más de 50.000 kilovatios/hora al año) alcanzaría el 4,43%.
En el segmento industrial, las subidas serían de entre el 5% y el 8%. En el caso de las plantas de cogeneración, más de 900 instalaciones que representan el 20% del consumo de gas natural y que comprende industrias químicas, papeleras, alimentarias, farmacéuticas, azulejeras, del automóvil, petroquímica y textil, "la medida propuesta supondría un incremento de entre el 5% y el 7,4%", señala la memoria.
El texto ha cambiado incluso su nombre: de Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética ha pasado a denominarse Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.
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