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El Gobierno desoyó los avisos de CNE y CNMV sobre la especulación en las subastas

La CNE y la CNMV vienen alertando desde 2009 de los claros indicios de manipulación de precios en las subastas y falta de competencia, pero ni el Gobierno de Zapatero ni el actual han hecho nada por solucionarlo. La reforma energética de Soria no recoge medida alguna para luchar contra la especulación y la alteración de precios que varios informes de los dos reguladores han denunciado. Ha sido el escándalo de la subasta del jueves, la número 25, lo que ha obligado al Ejecutivo a actuar de urgencia para evitar una subida de la luz del 12% en enero.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro José Manuel Soria, en la rueda de prensa de un Consejo de Ministros.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro José Manuel Soria, en la rueda de prensa de un Consejo de Ministros. EFE

La del jueves no fue ni la primera ni la segunda subasta de electricidad que se celebra en España. Fue la número 25 y en todas ellas, desde que comenzaron hace seis años, la dinámica ha sido muy similar y recurrente: en los días previos a la celebración de la puja, los precios del MW/hora de electricidad se disparaban injustificadamente.

Una vez cerrada la subasta, los precios vuelven a desplomarse de nuevo: esta vez lo han hecho un 23% al día siguiente (ayer viernes) y un 37% con respecto a una semana antes.

Tanto la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han investigado estas prácticas en diferentes ocasiones y han elevado sus informes al respecto tanto al Gobierno de Zapatero en 2010 y 2011 como al de Rajoy.

Ninguno de los dos Gobiernos hizo caso alguno a los avisos lanzados por los reguladores energético y financiero, alertando de que los agentes de mercado que participaban en las subastas Cesur (bancos de negocios, brokers, grandes eléctricas internacionales y comercializadoras españolas) provocaban un significativo aumento de los precios, que después se trasladaban al recibo de la luz.

En septiembre de 2010, la CNE ya alertó de que los agentes del mercado tendían a "elevar el precio" de la electricidad en los días previos a la subasta y así lo recogió en un informe enviado a Industria

Allá por septiembre de 2010, el consejo de la CNE aprobó un acuerdo, incluido en el anexo del informe sobre los costes estimados de la energía a incorporar en la Tarifa de Último Recurso (TUR), en el que advertía de que el sistema de fijación de precios a través de las subastas “tiende a elevar el precio” y es “inflacionista”.

El precio de la electricidad que sale de la subasta pesa en torno a un 50% en el recibo de la luz, mientras que la otra mitad la fija el Gobierno a través de los precios regulados de los peajes.

La CNE, ahora integrada en el superregulador CNMC, hacía seguimiento diario de la evolución de los precios en los mercados energéticos y alertó de que en las semanas previas a la celebración de las pujas subían los precios de referencia, esos que marcan lo que va a costar la luz para las comercializadoras en el trimestre siguiente.La CNMV avisó de la manipulación de los precios de la subasta Cesur y pidió al Gobierno, sin éxito, que permitiera la transferencia de información con la CNE y la coordinación de los dos reguladores para perseguir estas prácticas fraudulentas

En la misma línea se pronunció también la CNMV que entonces presidía Julio Segura: “La evidencia acumulada demuestra que en los tres días precedentes a las subastas Cesur, el volumen de operaciones con derivados de electricidad OTC crece muy considerablemente –en torno al 90%- respecto al promedio de las restantes sesiones, produciéndose un significativo aumento de precios que vuelven a caer tras la realización de las subastas”, avisaba en mayo de 2012 el regulador financiero.

Se habían detectado subidas de entre el 15% y el 20% antes de la subasta y caídas de hasta el 20% en los precios al día siguiente de la puja. El jueves, la subasta marcó un alza histórica de casi el 30%, lo que ha obligado al Gobierno a actuar con urgencia para evitar una subida del 11% o 12% el 1 de enero.

De hecho, el propio Segura se había quejado en 2010 al Gobierno de Zapatero de que la ley no permitía que la CNMV pudiera transferir a la CNE información sobre los mercados financieros internacionales de la energía.

Los dos reguladores no podían coordinarse a la hora de vigilar unas subastas que son eminentemente financieras, que negocian precios futuros de unos megavatios/hora que habrán de comprarse en el trimestre posterior.

La reforma eléctrica de Soria no recoge medida alguna para luchar contra la especulación en las subastas ni cambios en el perverso sistema pool de precios mayoristas

Ni el anterior Gobierno socialista ni mucho menos el actual han tenido en cuenta estas advertencias a la hora de regular los mercados de la electricidad y la fijación de precios. De hecho, la reforma eléctrica aprobada en el Consejo de Ministros del 12 de julio, pese a recoger una amplia batería de medidas y decretos, no atacó uno de los principales problemas del sistema eléctrico: la especulación y manipulación de los precios en las subastas y la fijación de los precios del mercado mayorista pool, en el que siempre marca precio la tecnología más cara.

La fijación de estos precios produce dos efectos devastadores en el sistema, el aumento del déficit de tarifa y la subida trimestral del recibo de la luz que pagan unos 20 millones de hogares.La CNMC ha cogido el toro por los cuernos y está investigando de oficio la subasta, pese a que Soria dice que ha sido por encargo de Industria

Ahora, la CNMC ha cogido la bandera de la lucha contra la especulación en las subastas y sobre la falta de competencia de los licitantes en el proceso de fijación de precios. Pese a lo que ha señalado el ministro Soria de que encargó al superregulador una investigación de la subasta del jueves, ésta actúa siempre de oficio. De hecho, el organismo que preside José María Marín es el árbitro y garante de los resultados de las subastos y ha de emitir siempre el informe de validación para que el precio entre en vigor, sin que Industria tenga que pedirlo.


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