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Sólo cuatro de los 61 socios de PwC acusados de delitos contra Hacienda siguen en activo

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El expresidente de PwC, Miguel Fernández de Pinedo, y otros 58 socios de la consultora en España, acusados de diversos delitos contra la Hacienda Pública, afrontan el lunes el comienzo del juicio, que se iniciará a las 10 horas en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. El proceso está previsto que se prolongue hasta el próximo 27 de mayo entre lunes y miércoles en sesiones de mañana y tarde.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en septiembre de 2013 la apertura de juicio oral a 61 socios de PwC requiriendo penas de prisión por delitos contra la Hacienda Pública de hasta tres años y multas que alcanzan los 73 millones. De acuerdo a fuentes cercanas a la consultora, de los acusados dos han fallecido y otros 55 se han jubilado. Sólo cuatro siguen en activo.

La supuesta estafa a Hacienda habría sido cometida en 2002 derivada de la venta de una división de la consultora, PwC Consulting, a IBM, y de una reestructuración acometida en la compañía. El fiscal se dirigía en su escrito de septiembre de hace dos años además contra las sociedades PwC S.L., PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, como sucesora de PwC Consulting.
"La única finalidad de las diversas actuaciones que se llevaron a cabo para justificar el indebido acogimiento al Régimen Fiscal Especial, fue encubrir tras determinadas operaciones societarias (...) la venta real llevada a cabo por PwC S.L. titular del 100 % de las participaciones de PwC CONSULTING S.L. a IBM, omitiendo la debida tributación de tal venta por el Régimen General en el Impuesto de Sociedades y el ingreso en el Erario Público de la cuota debida por importe de 18,3 millones de euros", explica el escrito de la Fiscalía.

Los socios acusados recibieron 20,9 millones en 2002 en concepto de Chairman Bonus que conforme "a la mendaz maniobra articulada" fueron formalizadas en sus declaraciones tributarias como parte del precio de venta de la división a IBM. La Fiscalía sostiene que se falseó la contabilización de la operación y que se omitió practicar las retenciones correspondientes.

Las negociaciones con IBM que concluyeron con la venta de la empresa "comenzaron en julio, más de siete meses después de dicho pago a los socios", advierte la acusación. "El bonus no fue entregado por IBM ni era parte del precio de venta sino que tenía el carácter de renta del trabajo". Las conversaciones y la venta de la filial, subraya Fiscalía, "se llevaron a cabo en fechas muy posteriores a la percepción del referido bonus por los socios".

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