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Nuevo escenario: la nacionalización del Castor ahorraría la indemnización a ACS

Algunos expertos apuestan por la nacionalización por "motivos de interés general" del Castor para que la indemnización a su dueño sea lo más baja posible, al fijarse un justiprecio por una institución o entidad externa que no sería negociable.

Los ministros Soria y Margallo, en la plataforma del Castor después de que acabaran los terremotos de septiembre.
Los ministros Soria y Margallo, en la plataforma del Castor después de que acabaran los terremotos de septiembre. EFE

Una nueva vía se abre en el proceso para buscar una solución no dolorosa para el bolsillo de las españoles con el cierre definitivo del Castor.

La nacionalización por motivos de “interés general” del almacén submarino de gas y la fijación de un justiprecio para compensar a su propietario es una de las propuestas que ya manejan algunos expertos y analistas del sector energético.

Según las fuentes consultadas, una vez que ACS, que controla el Castor a través de la sociedad Escal UGS, devuelva la concesión de explotación del almacén al Estado, el Gobierno podría aparcar el activo en un banco malo o “nacionalizarlo directamente”.

Si esta nacionalización se realiza por motivos de “interés general”, para preservar la “seguridad de la gente y el medio ambiente” en la zona afectada por los terremotos, sería un organismo independiente el que, a petición del Gobierno, establecería el justiprecio del Castor para que el grupo de Florentino Pérez pudiera cobrar su indemnización.

Este justiprecio recogería, según las fuentes consultadas, una fuerte quita sobre el valor máximo declarado por ACS del activo, unos 1.700 millones de euros, frente a los 500 millones que establecía el presupuesto inicial del proyecto.

En caso de nacionalización, una entidad independiente elegida por el Gobierno fija el justiprecio, que no es negociable con el propietario como sí lo es una quita

En estos momentos, el Ministerio de Industria y Energía está a la espera de que los bonistas den el sí a ACS para devolver al Estado la concesión y comenzar a negociar con la compañía una quita al coste del proyecto, que algunas fuentes sitúan en torno al 50% sobre el valor final que determinen las auditorías pedidas por este Departamento.

Pero si se opta por la nacionalización, el propio justiprecio que se fije ya recogerá esa quita, que no sería negociable, dado que es el Gobierno el que encarga esa valoración a la institución o entidad externa que considere, destacan estas fuentes.

A partir de esta valoración se procedería a compensar a ACS con la cantidad fijada. "Nacionalizar un activo por el interés general del país no es algo muy conocido en España, pero en otros países es moneda común, en sectores muy sensibles como el de los hidrocarburos", explica un experto, que recuerda que en el caso del Castor, en estos momentos, es solo una idea, no una propuesta formal a Industria.

Estos días, Compromís ha presentado una propuesta no de ley en el Congreso para declarar de "interés general" el cierre del Castor por el riesgo que hay para la población de la zona y para el medioambiente de que se vuelvan a producir terremotos si Escal retoma las inyeccones de gas en el almacén, que fue cerrado temporalmente en septiembre por provocar más de 500 seísmos en el norte de Castellón.

Mientras tanto, ACS negocia con sus bonistas el plácet para devolver la concesión al Estado, ante la previsión de que el Castor no vuelva a funcionar ante las evidencias directas de que la inyección de gas fue la culpable directa de los seísmos.


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