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Mediobanca, el banco amigo de Florentino, cree que el cierre del Castor es lo mejor para el consumidor

Florentino Pérez, presidente ACS, empresa propietaria del almacén Castor.

Uno de los bancos de cabecera de Florentino Pérez, presidente de ACS, es Mediobanca, la entidad financiera italiana que en España preside Borja Prado, a su vez máximo ejecutivo de Endesa.

El presidente del Real Madrid y el de la eléctrica comparten una amistad sin fisuras y no hay operación empresarial o financiera del primero en la que no goce del respaldo del segundo. La más sonada, por ejemplo, fue el asalto a Iberdrola, en la que por unas vías u otras ACS llegó a tener, tanto de forma directa o indirecta, hasta el 20% de la eléctrica.

Mediobanca fue uno de los bancos que más apoyó al empresario madrileño en su operación de acoso y derribo de Ignacio Sánchez Galán de la presidencia de Iberdrola, una guerra que ha terminado con la retirada definitiva del primero.

Pues bien, el banco amigo de Florentino parece también rendirse a la evidencia planteada por otras entidades y por muchos expertos de que el almacén de gas Castor provocaría una importante subida de las tarifas del gas para los consumidores españoles en caso de iniciar sus operaciones comerciales.

Sus últimos informes sobre la viabilidad del Castor y el impacto que su paralización por los 500 terremotos pueda tener en las cuentas de ACS y en el operador del sistema Enagás alertan de que su entrada en funcionamiento provocaría una subida acumulada en "las tarifas de acceso del 4% entre los años 2013 y 2017", que sería de "más del 2% en la tarifa final del gas" también en ese periodo.

Esto, según la entidad italiana, "sería demasiado en el actual escenario macro" de España. Es más, "el retraso o cancelación del Castor podría eliminar la presión sobre las tarifas del gas", así como no impactar negativamente en la generación de más déficit de tarifa del gas, que ya ronda los 400 millones de euros en España.

Varios bancos de negocios han publicado estos días informes sobre el impacto de la paralización del Castor en ACS y Enagás, tras el cruce de hechos relevantes de las dos entidades

Mediobanca, al igual que han hecho otros bancos de negocios en la última semana (RBC, Cheuvreux, JP Morgan…), pintan un panorama sombrío del sector energético en España toda vez que el Gobierno se ha negado a aportar los 3.600 millones de euros para compensar el déficit de tarifa eléctrico.

En este entorno, considera que "la eliminación del déficit de tarifa del gas se sustentará principalmente en la posible cancelación del Castor". El consenso de los bancos de negocios determina que si el Castor no entra en funcionamiento, eso será beneficioso tanto para las tarifas finales que pagan los consumidores como para poner freno al déficit de tarifa del gas.

Los informes de los últimos días se han producido tras el rifirrafe entre ACS y Enagás a costa del Castor. El grupo de Florentino Pérez informó a la CNMV que el operador de la red de transporte de gas en España asumía los riesgos financieros del 33% del Castor en virtud de los acuerdos existentes para venderle este paquete, ahora en manos de su filial Escal UGS, la empresa explotadora del almacén.

El cierre definitivo del almacén ahorraría subidas en las tarifas del gas hasta 2017 y la generación de más déficit de tarifa

El grupo presidido por Antonio Llardén tardó menos de 24 horas en informar a la CNMV de que ese acuerdo está supeditado a la puesta en marcha comercial del almacén y a que todos los permisos y autorizaciones estén en regla, algo que, como es obvio, ahora no ocurre.

El Gobierno tuvo que paralizar la operación del Castor en septiembre pasado tras los más de 500 terremotos (algunos de una intensidad de 4,2 grados en la escala Richter) provocados por las inyecciones de gas iniciadas por Escal UGS. El Ejecutivo espera ahora que tanto los informes geológicos como la auditoría económica al proyecto permitan tomar una decisión sobre el futuro del Castor, cuyas operaciones podrían ser canceladas definitivamente.

En juego están los 1.500 millones de euros que habría costado el proyecto. Si los informes determinan que hubo negligencia por parte de Escal UGS o que se incurrieron en sobrecostes injustificados en el proyecto, ACS podría no recuperar buena parte de estas inversiones en caso de que el Castor no entre nunca en operación comercial.

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