Publicado: 02/10/2013 04:00
Ayer, hasta las 21:11:45 horas (hora a la que el Instituto Geográfico Nacional detectó el último seísmo) se produjeron en la zona del Golfo de Valencia 37 terremotos, todos ellos provocados por la inestabilidad del almacén subterráneo de El Castor tras las inyecciones de gas colchón realizadas en septiembre.
La jornada marcó un récord tanto en número de terremotos como en su intensidad. Hubo un sismo de 4,2 grados en la escala Richter (el terrible terremoto de Lorca, en Murcia, en 2011 fue de 5,1 grados) que provocó una alarma social sin precedentes, no sólo en la costa del norte de Valencia, frente a los municipios de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, sino también en el sur de Tarragona, en las Tierras del Ebro.
En este contexto, la Generalitat catalana pidió el cierre definitivo del almacén que gestiona el grupo ACS a través de su filial Escal UGS.
Según fuentes oficiales del sector gasista, si el Ministerio de Industria y Energía decidiera convertir su resolución de cese temporal en definitivo, se evitarían subidas importantes tanto del precio del recibo del gas natural que pagan empresas y ciudadanos como del déficit de tarifa que generaría el sistema por su desequilibrio de costes.
De los 37 terremotos de ayer, uno fue de 4,2 grados en la escala Richter y disparó las alarmas en Tarragona y Castellón. El que provocó en 2011 la catástrofe en Lorca fue de 5,1 grados
Las estimaciones del sector apuntan a que la entrada en operación comercial del almacén del Castor podría suponer una subida del precio del gas "de hasta el 6% en 2013".
Asimismo, según alertó la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) al informar sobre la propuesta de orden de peajes del sistema gasista para este año, el déficit de tarifa de esta materia prima energética se ha ido consolidando y ya "se podría calificar de estructural", alcanzando los 342,7 millones de euros en 2013 por el efecto de los almacenes subterráneos de España, entre ellos El Castor.
Esto, advertía la CNE, "constituye un motivo de especial preocupación para la estabilidad económico-financiera del sistema retributivo".
En definitiva, todas las fuentes del sector consultadas, además del regulador, coinciden en señalar que la entrada en servicio del almacén subterráneo promovido por Florentino Pérez provocaría una importante alza en los costes del sistema de gas.
Pero ACS, a través de Escal UGS, se ha gastado en desarrollar la infraestructura 1.300 millones de euros (excluidos los gastos financieros), frente a los 500 millones de euros inicialmente presupuestados. De hecho, ACS realizó una emisión de bonos por valor de 1.400 millones de euros para financiar el proyecto, que el sistema gasista y los clientes tendrán que pagar al inversor.
Para ello, el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, cambió las reglas del juego durante 2013 para ampliar de 10 a 20 años el plazo de amortización de la inversión para mejorar la retribución de los almacenes subterráneos, entre ellos el más importante, el de El Castor.
Fue el último espaldarazo dado por Industria a un reservorio que fue declarado estratégico en tiempos de bonanza, pero que ahora se ha convertido en un lastre para el sistema.
Industria cambió la norma de retribución para que ACS pudiera amortizar su inversión en 20 años, en lugar de en 10, lo que supondría un mayor coste para el sistema
El Ministerio, al calor de la polémica provocada por los terremotos (ya van más de 300 seísmos desde el 11 de septiembre, día en que Escal empezó a inyectar gas colchón en El Castor) y tras anunciar el cese temporal de su actividad, ha recordado que hay en marcha unas “auditorías técnicas y económicas independientes” con el objetivo de “verificar que la documentación suministrada por el promotor refleja una imagen fiel de la realidad” y que “sus decisiones han estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada, bajo los principios de transparencia, concurrencia y mínimo coste”.
Esta auditoría se puso en marcha por el desfase presupuestario del proyecto, pero ahora ha cobrado relevancia por el impacto que la inyección de gas está teniendo en la estabilidad sísmica de la zona y la alarma social generada por el alto número de seísmos y la alta intensidad de algunos de ellos.
Hay una auditoría técnica y económica de Industria en marcha para determinar si El Castor vale 500 millones como se presupuestó o 1.300 millones como dice ACS que ha costado
La Generalitat catalana avisó ayer de que hay sospechas de "negligencia", ya sea en el proceso de inyección del gas o en las consecuencias y posibles filtraciones posteriores que se hayan generado, por lo que estudia medidas legales a emprender contra Escal. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico valenciano activó ayer el plan de riesgo sísmico en el norte de Castellón.
El Instituto Geográfico Nacional sigue muy de cerca la evolución de los terremotos, que siguen alcanzando récords diarios pese a que Escal ha confirmado que hace días que dejó de inyectar gas colchón.
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