Empresas

El Gobierno impone una cláusula 'antiFlorentino' para poder exigir responsabilidades por el Castor

El Real Decreto que aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros fija una indemnización de 1.430 millones para ACS, pero establece una cláusula, de una vigencia de hasta 10 años, para que el Reino de España pueda reclamar al dueño del Castor daños y perjuicios si los informes detectan negligencia o dolo en la inyección de gas.

Plataforma del Castor en el Golfo de Valencia.
Plataforma del Castor en el Golfo de Valencia. EFE

El Gobierno tiene ya lista la redacción final del Real Decreto que otorgará a ACS el derecho al cobro de la indemnización por el cierre del almacén de gas Castor, una norma que previsiblemente aprobará mañana el Consejo de Ministros y que ayer revisó la Comisión de Subsecretarios.

El texto dará luz verde a un pago de 1.430 millones de euros (1.350 por el valor neto del Castor más unos 80 millones por la retribución y costes incurridos en 2013 y 2014) al grupo que preside Florentino Pérez, que controla un 66% de Escal UGS, la sociedad que iba a gestionar el almacén de gas y que devolvió su concesión el pasado mes de julio.

Pero el Ejecutivo no quiere dar por zanjado el asunto y ha incluido en el texto final una cláusula penal por la que podrá reclamar al presidente del Real Madrid responsabilidades en el futuro si se demuestra que hubo negligencia o dolo por parte de Escal UGS en el proceso de inyección de gas colchón que, según los informes técnicos, fue el causante de los más de 500 terremotos que se dieron en la zona de Vinaroz hace ahora justo un año.

Según el documento ultimado esta semana por el equipo de Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, el Real Decreto establecerá unas cláusulas para poder reclamar a la sociedad concesionaria y a sus accionistas daños y perjuicios en el caso de que los nuevos informes, que fueron encargados por el Ministerio de Industria a las universidades estadounidenses del MIT y Standford y estarán listos en 2015, certifiquen que los técnicos de Escal UGS no actuaron con diligencia e incurrieron en una actuación negligente a la hora de inyectar el gas colchón durante varios días seguidos.

La Comisión de Subsecretarios estudió este miércoles el texto del Real Decreto, que ya está listo para ser aprobado mañana en el Consejo de Ministros 

Escal estuvo inyectando gas durante varios días para estabilizar el almacén submarino pese a que el departamento de actividades sísmicas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) comenzó a detectar múltiples seísmos de entre 2 y 2,5 grados de magnitud en la escala Richter, aunque dos de ellos llegaron a 4,2 grados.

El Real Decreto dejará vivas las responsabilidades de Escal en caso de que haya habido negligencias y abierta la vía para exigir responsabilidades si algo se hizo mal”, afirma una fuente conocedora de la norma. Si la sociedad desaparece al quedarse sin objeto social por haber devuelto la concesión, el Renio de España podría ir contra sus dos accionistas, ACS (66%) y la canadiense Dundee Energy (34%).

Según estas fuentes, esta cláusula perdurará por un periodo de diez años desde que sea aprobada por el Consejo de Ministros. Es la salvaguarda que se reserva el Gobierno después de verse obligado a zanjar la concesión de la indemnización a ACS, compañía que recibió el respaldo del Tribunal Supremo en sus intenciones de cobrar por el valor neto de la infraestructura en caso de cierre o devolución de la concesión.

La cláusula permitirá que en caso de desaparición de Escal tras la devolución de la concesión, el Reino de España pueda exigir responsabilidades a sus dos accionistas, ACS y Dundee Energy

El Ejecutivo ha asumido que el coste de dejar caer a Escal UGS es mucho mayor que el de aprobar ya la indemnización. La compañía controlada por Florentino Pérez tiene de plazo hasta el 30 de noviembre para abonar a sus bonistas (el Banco Europeo de Inversiones es financiador más importante) los 1.400 millones de euros que recibió para costear el almacén de gas, que será cerrado definitivamente una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros.

Si Escal UGS no dispone de ese dinero antes de esa fecha, sus bonos entrarían en default y la compañía se iría a la quiebra, con el coste de imagen que eso tendría para ACS y también para el Reino de España, toda vez que a ojos de los inversores internacionales y de las autoridades europeas sería corresponsable porque el Castor volverá a ser del Estado, “de dominio público”, tras la devolución de la concesión por parte de su adjudicatario.

Será un pool de bancos españoles el que aporte los 1.430 millones de euros que Enagás, como intermediario y responsable de la hibernación y cierre del Castor, abonará a Escal UGS. Los bancos ejercerán los derechos de cobro por 30 años para recibir del sistema del gas, es decir, de todos los consumidores, el monto total de la indemnización más una rentabilidad ligada al bono del Tesoro más algo más de un punto básico.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba