Publicado: 15/07/2015 12:58
Hay una iniciativa aprobada a finales de abril en el Parlamento europeo que, como tantas otras, duerme el sueño de los justos. En este caso se trata de una petición expresa a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que "tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, los 1.350 millones de euros en compensaciones por un proyecto [el almacén de gas Castor] precedido de una evaluación desastrosa".
La propuesta impulsada desde el europarlamento ha quedado en agua de borrajas y ahora los gobiernos catalán y valenciano, así como diferentes plataformas sociales y ecologistas, quieren reactivarla y obligar tanto al Ejecutivo comunitario como al BEI, que financió el proyecto desde el principio, a que se pronuncien al respecto.
La iniciativa la puso en marcha el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, y fue respaldada por 350 votos a favor (frente a 263 en contra y 28 abstenciones), lo que da idea del fuerte apoyo obtenido en sede parlamentaria. Sin embargo, Bruselas no ha movido un dedo.
Compromís, la formación que ahora sustenta el gobierno valenciano, ha sido muy combativa contra el proyecto desde sus inicios y quiere volver a enarbolar la lucha para que los ciudadanos no paguen la indemnización
Pero tanto la Generalitat catalana como el nuevo gobierno valenciano, liderado por el socialista Ximo Puig, quieren que la llama no se apague y exigen que la indemnización cobrada por el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, no se cargue ni a las arcas públicas españolas ni tampoco a los consumidores de gas, que serán los que en los próximos 30 años tendrán que afrontar, mes a mes en su recibo, el pago diferido de un proyecto fallido y que puso en riesgo a la población del sur de Tarragona y del norte de Castellón, al provocar más de 500 terremotos.
También se están movilizando colectivos ciudadanos de ambas provincias para volver a poner el polémico proyecto y su más polémica solución en el debate público. La última en pronunciarse ha sido la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia (Tarragona), que va a llevar a la Oficina de la Comisión Europea en Barcelona la denuncia contra el proyecto del Castor para que sea elevada a Bruselas y permita reactivar la iniciativa del europarlamento.
Desde un principio, este colectivo, junto a otros movimientos ciudadanos y organizaciones ecologistas, apoyados expresamente por Compromís, formación política que ahora sustenta el gobierno de la comunidad valenciana, se han opuesto frontalmente al proyecto para almacenar gas bajo las aguas del mar, a unos 30 kilómetros mar adentro frente a las cosas de Vinaroz (Castellón).
La inyección de gas que hizo Escal, empresa controlada por ACS, en septiembre de 2013 provocó en poco más de dos semanas más de 500 seísmos, algunos de ellos de media intensidad.
El europarlamento ha criticado el silencio cómplice del BEI y denuncia posibles negligencias al aprobar el proyecto y que el pago a ACS pueda ser "ayuda de Estado"
El Gobierno central se vio obligado a cerrar temporalmente el proyecto y el grupo de Florentino Pérez aprovechó para devolver la concesión y ejecutar el cobro de la indemnización de 1.350 millones de euros, que fue sorprendentemente aprobada de urgencia por el Gobierno de Rajoy para evitar que los bonistas hicieran quebrar a la compañía.
ACS pagó a sus bonistas y ni el BEI ni la Comisión Europea tomaron carta en un asunto considerado de ámbito nacional. Tuvieron que ser los europarlamentarios de izquierda y de formaciones verdes los que sacaran adelante un duro informe que denuncia negligencias y critica que "la evaluación de riesgos [sobre el proyecto] no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertaban claramente de los peligros potenciales de esta operación".
La propuesta del Parlamento fue más allá y, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo europeo, pidió que "se investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida".
La petición quedó aprobada el 30 de abril, pero desde entonces duerme en un cajón. El objetivo ahora es volver a reactivarla, justo a pocos meses de la celebración de las elecciones generales en España.
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