Publicado: 10/12/2014 04:00
En España hay sobrecapacidad de generación eléctrica pero la energía sobrante no puede exportarse al resto de Europa porque la interconexión con Francia sólo alcanza el 1,4% sobre el total de la potencia instalada.
Han pasado años y años y desde Francia se ha bloqueado cualquier avance en el desarrollo de una mayor interconexión. Ni los gobiernos de Aznar ni los de Zapatero consiguieron en cuatro legislaturas arrancar a sus homólogos franceses un compromiso real (no verbal) para que la energía y el gas españoles fluyeran fácilmente hacia el centro de Europa y se convirtieran en una posible alternativa a los problemas de suministro provenientes de Rusia.
Pero, por fin, parece que esta vez sí que hay una clara decisión política de los Gobiernos de Mariano Rajoy y François Hollande para que se llegue a un 10% de interconexión eléctrica. Y desde la parte española ya se ha puesto precio a los proyectos y necesidades de financiación para que así sea.
De los 53.000 millones solicitados al plan Juncker, 25.133 irán destinados a proyectos energéticos, especialmente de interconexión eléctrica y gasista con Francia
De los 53.000 millones de euros solicitados por España a la Comisión Europea para el desarrollo de “proyectos vitales”, según el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, unos 25.133 millones, casi la mitad, se destinarán al proyecto de Unión Energética.
Según la escueta información facilitada por el Gobierno español a la Comisión Juncker, esta partida incluye las interconexiones eléctricas y de gas de la Península Ibérica con Francia, el desarrollo de otras infraestructuras energéticas e inversiones en proyectos de eficiencia, entre otros.
Sólo las interconexiones se llevarán 14.500 de los 25.133 millones destinados a la Unión Energética. El resto de proyectos solicitados por el Ejecutivo, hasta los 52.971 millones, pertenecen a las áreas de economía digital, proyectos de I+D, transportes, infraestructuras sociales, recursos medioambientales y agricultura.
Fuentes del sector energético consultadas por Vozpópuli aseguraron que “está vez sí que se va a trabajar en serio en la interconexión, sobre todo desde la parte francesa. Desde España se ha trabajado en los últimos años y hay infraestructuras como el gasoducto MidCat o algunas líneas eléctricas de alta tensión que están casi terminadas, pero que requerirán inversiones adicionales”.
Sólo para proyectos de interconexión se han pedido 14.500 millones, pero eso no quiere decir que la Comisión acepte todas las solicitudes
Lo importante ahora es que la Comisión Europea acepte las solicitudes presentadas por España y decida financiarlas, ya sea a través del nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o a través del Banco Europeo de Inversiones o (BEI) mediante financiación privada.
El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean Claude Juncker, trata de movilizar 315.000 millones de euros para el relanzamiento económico de la Unión Europea, que podrían alcanzar un valor potencial gracias a la financiación público-privada de 1,5 billones de euros.
La presentación de los proyectos españoles no ha arrancado con buen pie, porque ha sido el único país que no ha detallado, una por una, las propuestas y sólo ha enviado una escueta página en inglés.
Ha sorprendido en Bruselas que el Gobierno español no haya detallado los proyectos y haya mandado sólo una hoja genérica con las peticiones de financiación
Algunos técnicos de la Comisión no han recibido con buenos ojos el desliz español, dado que precisamente el Plan Juncker apuesta por impulsar proyectos muy concretos y estratégicos con nombre y apellidos.
España, sin embargo, ha optado por enviar unas propuestas genéricas sin desglosar, si bien se espera que en los próximos días se envíen a la Comisión.
Otro hándicap con el que carga España es la mala imagen que ha tenido en Bruselas y en el BEI el fiasco del Castor, el almacén de gas que devolvió ACS al Estado y que no volverá a funcionar por los más de 500 terremotos que provocó en septiembre de 2013.
En la Comisión extremarán el análisis de las propuestas de España tras el fracaso del que fue proyecto emblema, el Castor, que al final han tenido que pagar los ciudadanos
Fue uno de los primeros y más emblemáticos proyectos público-privados impulsados desde la Comisión y su final ha sido tan polémico y desastroso para las arcas españolas y los consumidores de gas (son los que costearán los 1.350 millones de euros de indemnización que se ha llevado la ACS de Florentino Pérez) que desde Bruselas se va a extremar al detalle el análisis de todas las propuestas presentadas por España.
La Comisión no quiere financiar proyectos con alto riesgo de fracaso o que vengan ‘recomendados’ desde el país de origen gracias a los favores políticos que el Gobierno de turno quiera hacer a empresarios amigos.
A esto se une el poco peso específico que tiene el comisario español, Miguel Arias Cañete, en el Ejecutivo Juncker, al quedar sus competencias supeditadas a la decisión de dos vicepresidentes que tiene por encima.
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