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Pacto de no agresión PP-PSOE para convalidar la indemnización de 1.350 millones a Florentino

El Congreso convalida la indemnización de 1.350,7 millones de euros a ACS, en un debate en el que el PSOE prefiere no mojarse por temor a que el PP le reproche que fue Zapatero el que dio a Florentino Pérez la prebenda de devolver el Castor y llevarse una jugosa compensación.

Vista aérea del almacén de gas Castor.
Vista aérea del almacén de gas Castor. EFE

El rodillo del PP y la tibieza del PSOE han tendido un puente de plata a la aprobación de la indemnización a ACS por el cierre del Castor en su paso por el Congreso. Los primeros sustentan al Gobierno que ha concedido al grupo que preside Florentino Pérez una compensación de 1.350,7 millones de euros por el cerrojazo al almacén de gas que provocó más de 500 terremotos hace un año y los segundos son los que gobernaban cuando el presidente del Real Madrid consiguió la prebenda de poder devolver la concesión de la infraestructura si la cosa se torcía, aún habiendo dolo o negligencia en su gestión.

Así ha sido y gracias al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Escal UGS, la filial controlada por ACS que desarrolló el Castor, ha podido revertir al Estado la concesión y en un tiempo récord llevarse la indemnización para poder pagar a sus bonistas.

De aquellos polvos vienen estos lodos y el PSOE sólo ha podido desplegar una tibia crítica ante la decisión del Ministerio de Industria y Energía. Sin muchas alharacas, su portavoz en el Congreso, José Segura, se mostró este jueves "de acuerdo" con la hibernación de la planta. Eso sí, discrepó "notablemente en el mecanismo de todos y cada uno" de los artículos del real decreto ley y solicitó su tramitación en forma de proyecto de ley.

El partido que lidera Pedro Sánchez hubiera querido tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, pero poco más. Las críticas por el hecho de que los 1.350 millones de euros los tendrán que pagar los consumidores de gas durante los próximos 30 años, lo que disparará la cantidad total a pagar a 4.731 millones, según la OCU, han sido de lo más suave.

Este diario avanzó hace unos días que Sánchez ha heredado de su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, su buena entente con Florentino Pérez. Pero más allá de esto, la estrategia del por ahora principal partido de la oposición ha sido no remover el pasado, para que el cierre del Castor no se revuelva cual bumerán contra el partido que lo impulsó y dio a su promotor la posibilidad de devolverlo a cambio de una jugosa indemnización.

Ya no hay vuelta atrás: los consumidores tendrán que pagar 4.371 millones de euros en total al final del periodo de 30 años que se ha establecido para la indemnización

Ni habrá proyecto de ley ni más debate parlamentario. El Congreso ha convalidado el real decreto-ley. La mayoría absoluta de PP ha arrasado con todo y la norma ha salido adelante con los votos a favor del PP. Enfrente, el resto de grupos, con su voto en contra.

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se ha encargado de defender la polémica decisión del Gobierno y ha confirmado que queda suspendida toda actividad en el almacenamiento Castor (no habrá inyección o extracción alguna de gas) y que será Enagás, desde el próximo 1 de diciembre, la empresa responsable de su administración, mantenimiento e hibernación.

Soria, frente al criterio de los expertos del sector que prevén el desmantelamiento definitivo del Castor en los próximos años por su riesgo sísmico, ha dejado la puerta abierta a una posible entrada en operación en el futuro si los estudios técnicos "más completos" lo aconsejan, para "cerrarla, desmantelarla o explotarla sin peligro de movimientos sísmicos perceptibles".

El ministro insiste en que el pago anual por el cierre de Castor supone un ahorro de 110 millones al año si se compara con lo que la instalación hubiera recibido si entrara en funcionamiento (212 millones). Lo que no ha dicho el ministro es que cada consumidor de gas tendrá que soportar a través de su recibo unos 630 euros totales en esos 30 años.

Las únicas críticas que se oyeron ayer en el Congreso fueron de Joan Baldoví, del grupo mixto, que calificó de "insulto a la ciudadanía y estafa" la norma que fija la indemnización, que según el diputado se basan en un "contrato leonino" firmado por el Gobierno del PSOE en 2008 y la empresa Escal, "que incluso estipulaba indemnización si hubiera dolo o negligencia por parte de la empresa concesionaria".

Pedro Azpiazu, del PNV, lamentó que no se “hubiera negociado” con Escal “un precio menor o una quita por ser (la compañía) parte responsable.


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