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El Supremo revoca la sentencia del TSJM que tumbó la antigua 'operación Chamartín'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el desarrollo urbanístico a mediados de 2013, lo que motivó que promotores y administraciones lo replantearan íntegramente. El Supremo ordena a la instancia inferior a emitir una nueva sentencia.

Ana Pastor, Gonzalo Ferre (Adif), Francisco González (BBVA), Ignacio González y Ana Botella en la presentación del proyecto
Ana Pastor, Gonzalo Ferre (Adif), Francisco González (BBVA), Ignacio González y Ana Botella en la presentación del proyecto Archivo

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación presentado en su día por el Ayuntamiento de Madrid, la promotora DUCH, Adif y Renfe, entre otras contra la sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se acordaba la nulidad de algunos aspectos relacionados con la modificación urbanística que permitía el desarrollo de la llamada ‘operación Chamartín’. El alto tribunal considera que la sentencia carece de motivación suficiente en relación a cuestiones esenciales para resolver el pleito por lo que ordena a la instancia inferior a emitir una nueva sentencia para dar contestación al asunto.

En su día, el TSJM tumbó la operación al considerar ilegales algunos de sus planteamientos, como la construcción de edificios a más de tres alturas, lo que hacía inviable el considerado como el mayor desarrollo urbanístico de Europa, con una inversión inicial que llegó a estimarse en más de 20.000 millones de euros.

La resolución del Supremo supondría, en principio, el renacimiento de la ‘operación Chamartín’ aunque llega demasiado tarde para ello. Tras la sentencia del TSJM y a pesar de los recursos ante el Supremo, las Administraciones Públicas, Renfe y Adif y la promotora del desarrollo decidieron replantear la operación para salvar las objeciones de la Justicia. De esta estrategia nació lo que hoy se conoce con el nombre de Distrito Castellana Norte, que fue presentado a finales de enero, aprobado parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid a mediados del pasado mes de febrero y que está actualmente pendiente de las alegaciones para su aprobación definitiva. 


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