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La estadounidense NextEra expresa su “decepción” por el caos regulatorio sembrado por Soria

"España no ha respetado la legislación en base a la cual" decidió invertir más de 750 millones en dos plantas termosolares en Extremadura. Tras su denuncia ante el Ciadi, “defenderá activamente sus derechos al amparo de los tratados internacionales”.

Paneles en una planta termosolar.
Paneles en una planta termosolar.

NextEra, el líder estadounidense de las energías renovables, no oculta su “decepción” con la inseguridad jurídica en España, que le ha llevado a presentar la quinta denuncia de un inversor internacional en energías limpias presentada contra el Estado español ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones(CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

Contrariamente a los compromisos adquiridos, así como a las múltiples garantías expresamente concedidas por los diferentes órganos gobernantes, España no ha respetado la legislaciónen base a la cual NextEra (…) invirtió más de 750 millones de euros para la construcción de dos plantas termosolares", explican fuentes de la compañía, a través de un correo electrónico.

La empresa, que presentó su denuncia ante el Ciadi el viernes pasado para reclamar una compensación multimillonaria por los recortes aplicados en los últimos años a la retribución de las energías verdes, recuerda que esas dos plantas "proveerán de energía limpia al país durante décadas” y “manifiesta su decepción ante el incumplimiento de España de sus obligaciones legales”, que “han privado a NextEra del valor y los beneficios económicos de la inversión realizada en el sector termosolar español”, señalan esas fuentes.

Las dos centrales extremeñas de la compañía, ubicadas en Madrigalejo (Cáceres), entraron en funcionamiento el año pasado, pero “adicionalmente a otros daños sufridos, NextEra se vio obligada a cancelar el valor de su inversión”, explica la empresa, que ha podido revertir el proceso de liquidación y disolución de su filial española iniciado a finales del año pasado tras un acuerdo extrajudicial con los bancos que le concedieron en 2011 la financiación necesaria para su aventura extremeña, cerca de 590 millones de dólares, de los que 155 millones vencían el pasado abril.

En ese crédito participaron BBVA (74 millones), Santander (74 millones), Banesto (24,3 millones), Caja Madrid (74 millones), Popular (30,4 millones), Sabadell (30,4 millones) y La Caixa (30,4 millones), y las entidades extranjeras Société Générale (64,1 millones), Bayerische Landesbank (50 millones), Banca IMI (45,7 millones), BNP Paribas (30,4 millones), The Bank of Tokyo-Mitsubishi (30,4 millones) y UniCredit Bank (30,4 millones).

Los cambios aprobados por Soria en 2012 y 2013 ya hacían "insoportable" para las plantas la financiación de los proyectos

El grupo denunció a esas entidades en marzo del año pasado ante un tribunal de Nueva York para tratar de cambiar las condiciones del préstamo y evitar una aceleración de los vencimientos. Entendía que los cambios regulatorios hacían “insoportable” la financiación de los proyectos, pero consideraba que su responsabilidad ante los acreedores era “limitada”, porque el responsable, en definitiva, era el Gobierno con sus cambios regulatorios. La empresa ha sufrido un impacto de unos 300 millones de dólares en sus cuentas de 2013 por los recortes aprobados por Soria en diciembre de 2012 y febrero de 2013, 

Tras el acuerdo extrajudicial de diciembre, que zanjó ese pleito con los bancos, las entidades renunciaron “irrevocablemente” a acelerar el vencimiento del préstamo hasta el mes que viene, después de que NextEra se comprometiera a garantizar esa deuda con unos 60 millones de dólares en letras de crédito y aportara, por medio de una de sus filiales, NextEra Energy Capital Holdings, Inc, 155 millones de dólares a través de un préstamo revolving que permitió a su subsidiaria española, NextEra Energy España SL, revertir su proceso de liquidación y disolución.

La empresa, que en sus cuentas de 2013 explica que el citado acuerdo con la banca, firmado el pasado 20 de diciembre, fijó un plazo para renegociar la deuda que vence el próximo lunes, 1 de junio, reconoce que el nuevo recorte de ingresos a la termosolar que entrará en vigor en junio (otros 1.700 millones menos para el sector) “podría suponer deterioros adicionales para los proyectos solares en España” e, incluso, puede obligarle a devolver primas cobradas desde julio pasado, cuando se anunció la enésima vuelta de tuerca a las renovables.

“NextEra defenderá activamente sus derechos al amparo de los tratados internacionales aplicables que protegen las inversiones en proyectos energéticos”, concluyen desde el grupo.


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