España

Los Mossos investigan a la familia San Martín por una estafa mayor que Gescartera

El caso Publiolimpia, por el que fue detenido el pasado mes de junio el empresario Antonio Mas, conocido como el Madoff español, afecta a más un millar de personas que reclaman 246 millones de euros.

Mossos d'Esquadra y policías en la Escuela de Policía de Cataluña.
Mossos d'Esquadra y policías en la Escuela de Policía de Cataluña. Array

De demandar a los Albertos por el caso Urbanor, a afrontar querella por la mayor estafa piramidal descubierta en España en la última década. Julio San Martín Abad, exconsejero de Construcciones San Martín, y su hija Paloma San Martin Martín-Pozuelo están siendo investigados por los Mossos d’Esquadra para determinar su responsabilidad en el caso Publiolimpia. Los San Martín sostienen que son víctimas de la estafa presuntamente perpetrada por el empresario Antonio Mas Samora.

Mas Samora fue detenido a principios del pasado mes de junio pocos días después de que éste acudiera a dependencias policiales acompañado por su letrado para autoinculparse por la que, según han puesto de manifiesto las investigaciones, se trata de una estafa piramidal que afecta a 1.120 personas que reclaman 246 millones de euros, la mayor descubierta en España en la última década. El caso Gescartera, también una estafa piramidal, por el que fue condenado Antonio Camacho a 11 años de cárcel en 2008, afectó a 1.383 inversores que reclamaron 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de euros). Los casos Fórum y Afinsa saltaron a la luz en 2006 con la intervención policial de las empresas de sellos.

La estafa descubierta este año consistía en la compra de espacios publicitarios –a través de empresas de Mas Samora, Publiolimpia y ATA Producciones- que después se revendían a grandes compañías anunciantes por un precio superior. Pero como admitió ante el juzgado el mismo Antonio Mas, que fue puesto en libertad tras su detención, las facturas eran falsas.

Antonio Mas está siendo defendido por Manuel González Peeters, que fue abogado de Diego Torres en el caso Noos

Hasta el momento la única persona investigada por los delitos denunciados era Antonio Mas Samora, pero ahora las investigaciones se extienden también sobre la empresa Caná Cuatro Inversión, de la familia San Martín. Esta sociedad se asoció con Publiolimpia en 2015 para ofrecer a inversores los mismos contratos de publicidad que ofrecía Antonio Mas, llegando a captar a cerca de 400 personas.

El juzgado al frente de las investigaciones en marcha, el de instrucción número 31 de Barcelona, ha admitido recientemente a trámite querella presentada contra Julio San Martín Abad y Paloma San Martín Martín-Pozuelo por presunto delito de estafa, falsedad y organización criminal. La juez ordena a los Mossos de Esquadra que en la investigación que están llevando a cabo sobre el caso Publiolimpia realicen las gestiones pertinentes para determinar su posible participación lucrativa en los hechos.

La querella admitida a trámite, presentada por uno de los inversores afectados, también se dirige contra Eduardo Benzo Perea, yerno de Julio San Martín Abad, y la empresa Caná Cuatro Inversión.

San Martín captó 114 millones

Los miembros de la familia San Martín querellados aseguran ser víctimas de la estafa. A través de su empresa, Caná Cuatro, presentaron una denuncia el 12 de junio contra Antonio Mas Samora y Publiolimpia. En su denuncia, la sociedad de los San Martín explicaba que a raíz de las noticias publicadas por medios de información, y también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se trató de localizar a Antonio Mas, sin éxito. Añaden que se pusieron en contacto con los supuestos grandes anunciantes, compañías como Repsol o Vodafone, y que, para su "sorpresa", descubrieron que las supuestas facturas no existían.

Los San Martín aseguran que el beneficio obtenido con Publiolimpia será repartido entre los inversores que captaron, 380

En su escrito indican que en el acuerdo de colaboración entre su sociedad Caná Cuatro y Publiolimpia se estableció que la empresa de los San Martín, además de aportar fondos propios, captaba inversores y ponía a disposición de Publiolimpia las inversiones entregadas para la contratación de los espacios publicitarios. Los San Martín aseguran en su denuncia que captaron 114 millones de euros, y que Publiolimpia les debía cerca de 13 millones "en concepto de gestión".

En una de sus visitas al juzgado de Barcelona en el contexto de su autoinculpación, Antonio Mas –defendido por Manuel González Peeters, el que fuera abogado de Diego Torres en el caso Nóos- aseguró que la empresa de los San Martín debía conocer la estafa y que esta obtenía aproximadamente un 12% trimestral de "réditos". De ese porcentaje, declaró Antonio Mas, el 8% "se lo autoasignaban" y el resto los distribuían los San Martín entre sus inversores.

Excusa "insostenible"

La querella presentada contra los San Martín, por parte de uno de los 380 inversores que lograron captar para invertir en supuestas campañas publicitarias, advierte que por más que Caná Cuatro asegure ser víctima de una estafa piramidal generada por Publiolimpia, la excusa es "insostenible". Los querellantes subrayan que no habría estafa piramidal si Caná Cuatro se hubiese preocupado de comprobar la validez de las facturas, lo que no hizo, y que la empresa de los San Martín actuaba también en representación de Publiolimpia.

Los inversores que han presentado querella contra los San Martín consideran que Caná Cuatro, por su colaboración activa en las campañas, su participación en los beneficios y, sobre todo, por ser cesionaria de las facturas, tenía que saber necesariamente que las facturas eran falsas.

Julio San Martín Abad y su hija Paloma son dos de los miembros de la familia San Martín, propietaria de Construcciones San Martín, que durante años pleitearon contra Alberto Alcocer y Alberto Cortina por el conocido como caso Urbanor. Los San Martín eran accionistas minoritarios de la empresa Urbanor, propietaria del terreno sobre el que se edificaron las torres KIO, en Madrid. En la operación de venta de ese suelo al grupo kuwaití KIO, los Albertos, principales accionistas de Urbanor, recibieron por su participación 231.000 pesetas el metro cuadrado, mientras que los minoritarios percibieron 150.000 pesetas, según la sentencia de septiembre de 2009 de un juzgado madrileño por la que los Albertos fueron condenados a pagar 10,8 millones de euros a los San Martín.

Vozpópuli ha accedido al contenido del auto por el que el juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada contra los San Martín. También a la denuncia presentada por Caná Cuatro contra Antonio Mas Samora, así como a las declaraciones de autoinculpación del empresario catalán, y a escritos de la fiscalía al juzgado sobre el curso de las investigaciones. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con los San Martín, a través de un antiguo colaborador. Estos últimos han trasladado su palabra de inocencia y aseguran que los beneficios obtenidos a través del acuerdo con Publiolimpia serán entregados a los inversores que captaron, y subrayan que Construcciones San Martín nada tiene que ver con el caso.


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