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Una legión de 50 abogados acorrala a Industria ante el Supremo por falsear los informes de renovables

Una legión de más de 50 abogados liderados por el despacho Holtrop prepara la andanada jurídica contra Industria por haber falseado los informes renovables y no justificar el recorte de 3.000 millones al sector.

El ministro de Industria, José Manuel Soria
El ministro de Industria, José Manuel Soria Efe

Hay una legión de abogados, formada por más de 50 profesionales del derecho, que ya está trabajando en la estrategia a seguir en la ampliación del expediente administrativo abierto en el Tribunal Supremo en relación con los más de 300 recursos presentados contra la Orden Ministerial que fijó los parámetros retributivos de las energías renovables.

Hoy se reúne un buen número de ellos en Madrid, en el grupo jurídico creado por la patronal fotovoltaica Unef, para analizar el nuevo horizonte que se ha abierto después de que el Ministerio de Industria haya reconocido ante el Alto Tribunal que sólo hubo un informe externo y que no se usó (su fecha de presentación es más de cuatro meses posterior a la aprobación del hachazo renovable en junio de 2014) a la hora de diseñar la normativa que ha supuesto el recorte de 3.000 millones a los ingresos de las instalaciones renovables y de cogeneración.

El grupo jurídico de Unef, liderado por el despacho de abogados Holtrop, trabaja de forma coordinada con los de otras grandes patronales renovables, Appa y Anpier, para pedir ante el Supremo una nueva ampliación del Expediente Administrativo con el objetivo de que Industria aporte y explique la metodología utilizada para establecer los parámetros de inversión que sirvieron de base para el recorte renovable: "De los 150.000 páginas de toda la documentación aportada por Industria al Supremo, en ninguna de ellas figura la metodología. Nos preguntamos y le preguntamos al Ministerio qué fuente de costes ha utilizado, ¿la del informe de Roland Berger o la aportada por todas las instalaciones renovables? y ¿cuáles han sido los criterios o se ha establecido una media de costes entre las diferentes instalaciones?", señala Daniel Pérez, socio del bufete Holtrop, con sede en Barcelona.

Los abogados sospechan que hubo informes anteriores de Roland, que no fueron manipulados, y quieren usar su metodología para realizar un nuevo peritaje para poner en evidencia la arbitrariedad de Industria

También quieren saber los recurrentes ante el Supremo que, en caso de haberse usado el informe de Roland, ¿qué versión se utilizó? Los abogados sospechan que hubo otros informes anteriores que presentaron tanto la propia Roland Berger como la otra consultora externa contratada por Industria, Boston Consulting, pero que desde el Ministerio se les conminó a maquillar sus resultados para que las conclusiones se acercasen más a las que buscaba el Departamento que dirige José Manuel Soria, "que ya desde 2013 tenía claro que tenía que recortar 3.000 millones a los ingresos de las renovables", señala Pérez, que desde Holtrop defiende los intereses de 1.500 promotores fotovoltaicos, muchos de ellos agrupados en los 300 recursos presentados contra la norma ante el Supremo.

Fuentes del entorno de las dos consultoras confirman este hecho: desde Industria les han presionado para que cambiaran sus informes. Roland aceptó y presentó un documento ad hoc, pero Boston se negó y por eso el IDAE, dependiente de Industria, rompió el contrato acusando a la consultora decana de las renovables en España de incurrir en "incumplimientos".

Los abogados pedirán que Industria expliquecuáles fueron los incumplimientos de Boston para resolver el contrato, "tirando a la basura casi un millón de euros en unos informes que no existieron y que si alguno existió, el de Roland, fue manipulado por exigencias del guión del Ministerio", denuncia otra fuente jurídica.

El grado de desconfianza del sector renovable ante la metodología que pueda haber utilizado Industria ha hecho que se encargue un "reperitaje o nuevo estudio pericial" con los datos recabados de más de 1.250 instalaciones, "aplicando en este caso los estándares aportados por el informe de Roland Berger, con el objetivo de demostrar que las conclusiones no se ajustan en nada a la realidad y ponen en evidencia la arbitrariedad del Ministerio a la hora de aplicar los recortes", señalan fuentes jurídicas.

La legión de abogados confía en que el Supremo obligue tanto a Industria como al IDAE a aportar los datos concretos de su metodología.


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