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Industria amenazó con no pagar a las consultoras, exigiendo informes a la carta para el ajuste renovable

Fue un dedazo, sin concurso público. Industria ofreció un millón de euros a Roland Berger y Boston por los estudios que justificasen el hachazo renovable. A Nadal no le gustaron sus conclusiones y amenazó con no pagar a las consultoras si no presentaban informes a la carta. Roland se plegó, Boston tuvo el valor de negarse.

A la izquierda, el ministro José Manuel Soria, junto al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
A la izquierda, el ministro José Manuel Soria, junto al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Minetur

El Ministerio de Industria y Energía presionó a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) para que sus informes sobre los costes de inversión de las instalaciones renovables justificasen el recorte de 3.000 millones de euros que preparaba el Gobierno.

Fuentes cercanas a estas consultoras y varios directivos del sector renovable han confirmado a Vozpópuli que desde el Departamento que dirige José Manuel Soria se llegó a amenazar a Roland y a BCG con no abonar sus honorarios (en torno a un millón de euros) si no adaptaban sus cálculos y metodología a los parámetros que les presentó Industria y que finalmente sirvieron de base para ejecutar el hachazo renovable.

Este Ministerio, a través del IDAE, eligió sin concurso público a estas dos consultoras en el verano de 2013 para que elaboraran sendos informes con el objetivo de "valorar y establecer los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías del régimen especial". Por estos servicios cobrarían en torno a un millón de euros.

Ya por entonces, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y su equipo, en colaboración con Andrés Seco, director de Operación de Red Eléctrica, tenían más o menos claro que había que asestar un recorte de ingresos de 3.000 millones de euros a la retribución que percibían las empresas renovables a través de las primas.

Industria tenía claro que el recorte tenía que ser de unos 3.000 millones, pero los primeros informes de las consultoras se quedaron muy lejos de justificar este objetivo

Pero la Abogacía del Estado, sabedora de que el duro ajuste provocaría una avalancha de pleitos y demandas contra la nueva normativa que sustituiría las primas por una retribución basada en una "rentabilidad razonable del 7,5%", recomendó a Industria que apoyara su decisión en informes externos.

Trabajaron duramente los expertos de Roland Berger y Boston en elaborar sus informes, que fueron presentados al Gobierno en una primera versión que no gustó nada a Nadal. Las dos consultoras presentaron unos costes de inversión para toda la vida útil de las instalaciones que representaban un recorte de ingresos para las empresas renovables bastante por debajo de los 3.000 millones que perseguía Industria, cuyo objetivo primordial era sacar adelante la reforma energética para frenar el desbocado déficit de tarifa que arrastraba el sector eléctrico (30.000 millones acumulados hasta 2013).

Nadal, según las fuentes consultadas, exigió a las dos consultoras que le "dieran una vuelta de tuerca" a los informes con el objetivo de acercar sus conclusiones finales a las que defendía Industria, bajo la amenaza de no pagar por los servicios prestados o rescindir el contrato por incumplimiento.

Roland Berger aceptó 'maquillar' su informe, que finalmente no fue utilizado por Industria porque su fecha de presentación fue cinco meses posterior a la entrada en vigor de la norma

Roland Berger pasó por el aro y rehizo su informe, pero su compañero de viaje, que lleva más de diez años elaborando exhaustivos informes sobre energías renovables (el del Plan de Energías Renovables del Gobierno de Zapatero, entre ellos), se negó a cambiar sus conclusiones.

Algunas fuentes señalan que desde el IDAE se llegó a recomendar a las dos consultoras que "literalmente arrancaran del informe algunas de las páginas y que de otras suprimieran algunos de los epígrafes".

Todo esto ocurrió en algún momento de 2014 no muy determinado por las partes. No importó, porque como se ha sabido estos días, los informes de las consultoras no se tuvieron en cuenta en el diseño final de la norma, aprobada en junio de 2014, que fulminó el sistema de primas y dio carta de realidad al hachazo renovable.

Industria justifica la rescisión del contrato de Boston por "reiterados incumplimientos", pero en el sector y en el entorno de las consultoras confirman que ha sido por negarse a hacer un informe a la carta

Han tenido que pasar meses y meses de presiones por parte del sector y de algunos partidos políticos para que Industria hiciera públicos estos informes. Finalmente, pero por orden del Tribunal Supremo, el IDAE, dependiente de este Ministerio, ha presentado una carta de rescisión de contrato con Boston, fechada el 25 de febrero de 2015.

Ha sido entonces cuando el sector, nueve meses después de la entrada en vigor de la norma, se ha enterado de que no ha habido informe de Boston. Pero es que además, el único informe que podría haber influido en la decisión final de Industria, el de Roland Berger, está fechado el 31 de octubre de 2014, cinco meses después de la aprobación de la orden de parámetros.

De nada ha servido el trabajo de las dos consultoras. Es más, según denuncia el sector renovable, la orden de parámetros de junio de 2014 se publicó en el BOE sin adjuntarse la metodología utilizada para establecer los recortes a todas las instalaciones.

"Ha sido un millón de euros tirados a la basura, pero además esto demuestra la discrecionalidad y falta de transparencia con la que Industria sacó adelante la nueva normativa de retribución", señala una fuente del sector.

La falta de informes externos y de la metodología utilizada para el recorte puede ahora volverse en contra del Gobierno ante el Supremo, donde hay más de 400 recursos contra la norma

Pero además, lo que para la Abogacía del Estado suponía dotar de garantía jurídica adicional (informes externos independientes) a la nueva norma aprobada por Industria se puede ahora volver en contra del Gobierno.

Hay en el Tribunal Supremo más de 400 recursos presentados por empresas, asociaciones e instituciones contra el ajuste renovable. Los recurrentes podrán aducir contra Industria no sólo que haya habido un solo informe sino que además, aún habiéndose maquillado a petición del IDAE y presentado cinco meses tarde, el de Roland Berger establece un menor recorte de ingresos del aprobado finalmente por Industria.

Se abre ahora un nuevo horizonte judicial en todos los procesos abiertos, ante la "evidencia de la actuación arbitraria de Industria, que además ha estado meses dilatando ante el mismísimo Supremo la entrega de los informes con excusas tan peregrinas como que la documentación era muy pesada, de 20 gigas", concluye una fuente jurídica que defiende al sector renovable.


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