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Hacienda y las petroleras negocian un macrocontrato de compra de combustibles

El Gobierno quiere centralizar las compras de la Administración General del Estado y va a revisar a la baja todos los contratos de los Ministerios con sus proveedores. Ha empezado con los operadores petrolíferos, a los que ha citado para mañana. 

Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo.
Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo. EFE

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recibirá este jueves a las compañías petroleras presentes en España con el objetivo de empezar a negociar el que será el mayor contrato público de adquisición de carburantes licitado hasta ahora por el Estado.

El departamento de Cristóbal Montoro, que quiere centralizar las compras de todos los Ministerios para negociar a la baja todos los contratos de la Administración General del Estado con sus proveedores, con el objetivo de reducir el gasto corriente (más de 7.000 millones de euros anuales), ha convocado para mañana al mediodía en sus dependencias una “sesión informativa con los operadores de carburantes y combustibles petrolíferos, relativa a la planificación y puesta en marcha del proceso de centralización del suministro de combustibles de automoción”.

“El objetivo fundamental de la sesión es exponer a los operadores las principales conclusiones de los estudios y análisis realizados” por el Ministerio, “así como el estado de tramitación de las normas de desarrollo, con el objetivo de fomentar la racionalización y eficacia en el gasto público”, según Hacienda.

Al proceso, en el que está participando la CNMC, están invitados "grandes y pequeños" operadores, según Hacienda

Se trata, explican fuentes del Ministerio, de invitar a todos los proveedores de carburantes de la Administración, “grandes y pequeños”, para empezar a redactar el pliego de ese macrocontrato, que prevé licitar el año que viene y con el que se unificarán las compras de combustibles que realizan todos los Ministerios; no sólo para el parque móvil del Estado, sino también para todos los edificios públicos. El proceso, añaden esas fuentes, se está llevando a cabo en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo de esta recién creada central de compras es, como es natural, lograr mejores precios con ese mayor poder de negociación, aunque Hacienda dice que aún es pronto para concretar las cifras de ahorro previsto.

El ministerio tampoco precisa el montante de la multimillonaria factura anual que destina la Administración General del Estado a la adquisición de combustibles (bien para el transporte, bien para calefacción de edificios), con contratos tan jugosos como los que licitan periódicamente ADIF o la Guardia Civil.

A este macrocontrato le sucederán otros en áreas como las telecomunicaciones, la seguridad, los servicios de agencia de viajes o las compras de vehículos.

Presidencia ha logrado ahorrar más de un 60% en mantenimiento de ascensores con la centralización de compras

La convocante de la reunión de este jueves es la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente de la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, y creada a finales del pasado mes de septiembre por el departamento de Montoro con el objetivo de impulsar, gestionar y llevar a cabo la contratación centralizada en el ámbito del Sector Público Estatal, en el marco del plan del Gobierno para reducir el gasto corriente de la Administración General del Estado.

Entonces, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que su Ministerio, Presidencia, ha logrado, en una primera experiencia piloto de centralización de compras, un ahorro superior al 60% en la factura de mantenimiento de ascensores mediante la unificación de las licitaciones de organismos adscritos a él como el CIS, el CNI, Patrimonio Nacional o el Centro de Estudios Políticos e Institucionales.

Según el Gobierno, “se pretende obtener ahorros y mejoras en la contratación, incrementando la transparencia y la búsqueda de eficiencia, homogeneizar los niveles de calidad de los servicios y suministros que contratan en la Administración del Estado y simplificar la estructura de los órganos de contratación”.


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