Publicado: 20/02/2016 04:00
¿Cuánto fraude fiscal alberga en España la empresa privada? La pregunta, en principio, tiene difícil respuesta. Casos como el de Vitaldent han hecho a muchos recordar que los pagos en B son habituales en las clínicas dentales, cuyos servicios no pagan IVA. Pero la intervención de la Agencia Tributaria este viernes sobre 73 empresas cárnicas, la mayoría mayoristas de los mercados de Mercamadrid y Mercabarna, iba precisamente centrada en esto: el pago en negro de sus transacciones. Se trataba de empresas que facturaban entre todas 650 millones de euros y sus márgenes de explotación (beneficios sobre ventas) eran sólo del 1%, una cifra por debajo de la media y que haría prácticamente imposible su continuidad. Otras incluso declaraban pérdidas, pero seguían su actividad. El efectivo que se utilizaba en algunas de ellas superaba el 50% e incluso llegaba al 94% en una.
La asociación de empresas cárnicas Confecarne ha querido desmarcarse de estas operaciones fraudulentas: "Sólo se investiga a 73 empresas de 3.000 que hay en el país. Rechazamos toda posible actuación irregular o no conforme a la normativa tributaria por parte de cualquier operador del sector y apoyamos la labor de la administración para detectar y corregir las posibles irregularidades", ha asegurado un comunicado. La opacidad de la cadena agroalimentaria y ciertas prácticas de ocultación al fisco es algo por todos sabido, pero muy pocas veces denunciado en público.
Hace 11 meses, de nuevo los mayoristas fueron señalados cuando la Agencia Tributaria entró en Mercabarna, esta vez en una operación que apuntaba a las mayoristas de pescado. Y el sector de la fruta, donde las diferencias entre los precios de producción y los precios para el consumidor suelen ser abismales, también levanta sospechas. ¿Se está observando la ley en los mercados mayoristas? ¿Se está cumpliendo la ley de la cadena aprobada por el Ministerio de Agricultura esta legislatura para minimizar las prácticas fraudulentas?
"En los mercados mayoristas se facilitan las operaciones opacas al no trabajar para el público general", dice una fuente de distribución
La AICA intenta acabar con malas prácticas
Precisamente la agencia de control alimentario AICA, creada tras la ley de la cadena alimentaria, ha emitido este viernes su informe resumen del año 2015. En ese año ha promovido "751 inspecciones a empresas o establecimientos, controlando 3.100 operaciones comerciales".
De todas las empresas investigadas, es de nuevo el sector mayorista el que se lleva la palma, con un 57% de todos los expedientes sancionadores. Hay que tener en cuenta que en estos casos no estamos hablando necesariamente de pagos en B, pero sí de otras prácticas fraudulentas: "Incumplimiento en los plazos de pago, no contestar a los requerimientos de AICA, inexistencia de contratos alimentarios, reincidencia en la comisión de infracciones leves, modificaciones contractuales no pactadas".
La mayoría de los expedientes abiertos ha sido, no obstante, a mayoristas de frutas y verduras.
"Las mayoristas no trabajan directamente con el público general, lo cual facilita las operaciones opacas", opina una fuente del sector de la distribución. Los grandes supermercados, por estar expuestos al consumidor final, tienen mucho más difícil establecer pagos que escapen del control de Hacienda, pero la garantía de limpieza es imposible si atendemos a las cifras. Mercadona factura más de 20.000 millones de euros al año en España y tiene más de 100 interproveedores. Carrefour casi llega a los 8.000 y tiene un número de proveedores mucho mayor. DIA, el tercero en discordia, vende más de 5.000 millones de euros también con un número gigantesco de proveedores. Todos ellos mueven un mercado alimentario que multiplica con mucho sus cifras y que está formado por miles de empresas en todo el país.
Costumbres arraigadas
El presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández Callejas, resumía el año pasado muy bien la idiosincrasia del sector agroalimentario en España. "Esto no es Wall Street, son mercados rurales". Y la resistencia al cambio sobre prácticas que llevan muchos años haciéndose es notoria.
Por ejemplo, señalan fuentes del sector, "en el sector del vino no han hecho un contrato de compraventa en su vida, les va a costar ahora acostumbrarse a trabajar de esa manera". Lógicamente, el fraude fiscal es más fácil cuando ni siquiera existe registro de lo que se compra y vende. Los datos oficiales parecen confirmar la rumorología del sector: hasta el 31 de diciembre se han hecho 425 requerimientos a viticultores "solicitando documentación contractual y datos de entrega de uva a las bodegas receptoras", según el informe de la institución dirigida por José Miguel Herrero.
No obstante, contar con un sector agroalimentario de prácticas 100% honestas se antoja, por el momento, misión imposible. El reciente caso de las denuncias al cártel lácteo o las acusaciones de mala praxis en los mercados de conejo da a entender que hay mucho que andar. Los distintos agentes de la cadena -el más interesado parece ser el sector primario- reconocen que el cambio legislativo deberá seguir profundizándose para hacer que el campo vaya entrando en prácticas del siglo XXI cuando ya embocamos la tercera década del mismo.
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