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Fomento rectifica a instancias de Hacienda licitaciones de carreteras por 440 millones

El ministerio de que dirige en funciones Ana Pastor licita nuevamente seis grandes contratos de carreteras, valorados en 440 millones de euros, después de que los procesos quedaran en suspenso por una decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda. Fomento reducirá el peso de los criterios arbitrarios, como indicaba el Tribunal, pero también aprovechará para reducir el plazo de ejecución de los trabajos, en algunos casos hasta un 15%.

Ana Pastor, ministra de Fomento
Ana Pastor, ministra de Fomento

El Ministerio de Fomento ha decidido anular definitivamente seis licitaciones de obras de carreteras que publicó a finales del pasado año y proceder a poner en marcha un nuevo proceso para adjudicarlas. El departamento que dirige en funciones Ana Pastor ha tomado esta decisión, que afecta a contratos valorados en algo más de 440 millones de euros en su conjunto, tras valorar el efecto de una resolución tomada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que determinó que ciertas licitaciones de Fomento concedían excesivo peso a criterios arbitrarios, en detrimento de aquellos más objetivos, básicamente el precio.

Tras la resolución del Tribunal, Fomento optó por dejar en suspenso las licitaciones mientras valoraba el impacto de la decisión de la instancia

Así, las nuevas licitaciones que ha formalizado el Ministerio de Fomento revisan al alza la ponderación de la oferta económica en la calificación final que obtenga cada licitador mientras que hacen justamente lo contrario con la propuesta técnica. Las nuevas licitaciones contemplan que la oferta económica pese un 70% en la puntuación final, frente al 60% que presentaban las que han sido anuladas.

Tras la resolución del Tribunal, Fomento optó por dejar en suspenso las licitaciones mientras valoraba el impacto de la decisión de la instancia, como adelantó Vozpópuli el pasado 24 de febrero.

Tras el preceptivo periodo de reflexión, el Ministerio ha modificado las condiciones de las seis licitaciones referidas a contratos de obras (las más de 30 restantes afectadas por la resolución están relacionadas con trabajos de inspección y supervisión), aunque ha aprovechado para introducir otras modificaciones que afectan, entre otras cuestiones, al plazo de ejecución de los trabajos.

Menor plazo de ejecución

El caso más extremo es el referido al contrato para la construcción del tramo de la A-68, entre las localidades zaragozanas de Gallur y Mallén. La nueva licitación recorta en 10 meses el plazo contemplado por la original, una rebaja del 15%. Dos obras relacionadas con la A-54, en Galicia, también afectadas por la modificación de las licitaciones, sufrirán un recorte de seis meses en el plazo de ejecución, aproximadamente un 10%.

Además, el Ministerio de Fomento también introduce nuevos criterios para dar preferencia a los licitadores que cuenten en su plantilla con trabajadores con discapacidad y que promocionen la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social.

La nueva licitación recorta en 10 meses el plazo contemplado por la original, una rebaja del 15%

La resolución del Tribunal viene por la estimación del recurso interpuesto en su día por la patronal constructora andaluza Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) contra cuatro licitaciones de Fomento en cuyos pliegos se incluía una cláusula considerada contraria a Derecho.

Concretamente, la pretensión de esa cláusula era penalizar las bajas temerarias en las propuestas, toda vez que la oferta económica supone un 70% de la calificación mientras que el 30% restante corresponde a la técnica. El sistema empleado para lograr el objetivo consiste en establecer una cantidad límite y penalizar las ofertas económicas que estén por debajo de ella, otorgando menos puntos de los que les correspondería a partir de esa barrera.

Los grandes grupos, en contra

Sin embargo, este mecanismo hace que el valor de la puntuación económica se diluya en favor de la técnica, que no cuenta con fórmulas automáticas de evaluación, como sí sucede con la primera, lo que deriva en que “se deja al arbitrio del órgano de contratación la adjudicación de la licitación”, como reza el recurso que ha estimado el tribunal dependiente de Hacienda.

El Tribunal no se posiciona a favor de que la oferta económica tenga más peso que la técnica pero señala que en el caso de que la ponderación de los criterios arbitrarios sea superior, el organismo licitador, en este caso el Ministerio de Fomento, debería contar con una mesa de técnicos independientes para valorar las diferentes ofertas que se presentaran.

Para adaptar las licitaciones a la resolución del Tribunal, Fomento ha optado por incrementar el peso de la oferta económica, un criterio que ha sido puesto en solfa por las grandes constructoras debido a que favorece la aparición de bajas temerarias con las que no están dispuestas a competir para que no afecten negativamente a sus márgenes.


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