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Los ingenieros convencen a Fomento para adoptar fórmulas que impidan bajas excesivas en las licitaciones

Tras muchas reuniones con las patronales de ingeniería, el Ministerio ha introducido desde hace unas semanas algunos mecanismos para evitar que los contratos se adjudiquen a ofertas demasiado bajas, que suelen derivar en modificados y sobrecostes.

Ana Pastor, ministra de Fomento
Ana Pastor, ministra de Fomento

El Ministerio de Fomento lleva semanas aplicando algunas fórmulas para evitar adjudicar contratos a ofertas basadas en precios excesivamente bajos, una circunstancia que suele derivar posteriormente en la necesidad de llevar a cabo modificados y rectificaciones urgentes que elevan los costes de las obras. Las medidas tomadas por el departamento que dirige Ana Pastor se han comenzado a aplicar después de un buen número de reuniones con las patronales de ingeniería.

No obstante, la batalla de asociaciones como Tecniberia y Fidex, que aglutinan a los principales grupos de ingeniería en España no está ni mucho menos terminada. Aún más capital que la fórmula para evitar bajas es elevar el peso de la puntuación técnica en los concursos de obra pública, que actualmente apenas supone un 30% del total en el mejor de los casos.

De este modo, una buena parte de la resolución del concurso depende de la parte económica, lo que también fomenta, en la consideración de los ingenieros, que se presenten ofertas con bajas prácticamente temerarias.

“No pretendemos que de un plumazo se pase a un sistema en el que la puntuación técnica y la económica tengan el mismo peso pero sí, al menos, que se aproximen, que la técnica pueda tener un 40% o un 45%”, señalan desde Fidex.

En busca del equilibrio técnico-económico

Por el momento y tras mucho insistir ante el equipo de Ana Pastor, Fomento ha adoptado una fórmula técnica basada en la consideración de todas las propuestas económicas para poder descartar aquéllas que no alcancen determinados baremos.

“Ya es algo pero ni mucho menos suficiente. Aún se dan muchas circunstancias en las licitaciones que dificultan terminar con prácticas que han derivados durante los últimos años en sobrecostes”, señalan desde fuentes conocedoras de las negociaciones con Fomento.

La caída de licitaciones de obra pública que se dio desde el inicio de la crisis hizo que la pugna por llevarse contratos de las Administraciones Públicas se encarnizase, hasta el punto de que muchos grupos, especialmente los de pequeño y mediano tamaño, han pujado en ocasiones a la desesperada para poder llevarse al menos un contrato, habida cuenta de que, al contrario de lo que sucedía en los años del boom económico, no había ni mucho menos para todos.

Los estudios elaborados por las consultoras McKinsey y Bricad Associates no dejan precisamente en un buen lugar a España en lo que se refiere a inversión en ingeniería. En concreto, el de Bricad señala que en nuestro país tan sólo se invierte en ingeniería un 4,5% del total destinado a infraestructuras, frente al 8,4% en el que se sitúa la media europea.

A la cabeza de Europa en sobrecostes

Casi cuatro puntos porcentuales que pueden parecer pocos pero que son claves para explicar que España esté a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a imprevistos o incidentes en la ejecución de las obras de infraestructuras, los que dan lugar a los tristemente célebres modificados que terminan generando sobrecostes milmillonarios.

Para darse cuenta de la importancia de cada décima de punto porcentual de inversión en ingeniería, las estimaciones de McKensey señalan que una mejora en los estudios previos para seleccionar la mejor técnica posible así como la idoneidad de llevar a cabo o no la construcción de una infraestructura puede suponer un coste adicional del proyecto de entre el 3% y el 5% pero generará a la larga ahorros del entorno del 40%.

En estas circunstancias, las patronales seguirán insistiendo ante el Ministerio de Fomento en la necesidad que articular medidas para evitar que la licitación pública se convierta en una especia de  mercado persa, que deriva en cuestiones como los sobrecostes en las líneas de alta velocidad denunciados por el Tribunal de Cuentas.


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