Pastor encargó a E&Y un informe sobre la nacionalización de autopistas que podía haber hecho Fomento

La polémica está rodeando la reordenación de las concesiones de autopistas de última generación por parte del Gobierno, con la más que probable creación de una sociedad con mayoría de capital público que aglutine las concesionarias con problemas financieros. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el encargo de un informe de valoración a Ernst & Young, que se podría haber elaborado internamente en Fomento.

“El resultado poco hubiera variado, el informe está hecho a la medida del Ministerio y sus conclusiones son las que quería Fomento”, señalan desde el sector constructor, donde ha causado cierto revuelo el contenido del informe, que valora en poco más de 600 millones de euros la sociedad de nueva creación en la que las compañías privadas podrían alcanzar un máximo del 20%.

Entre los afectados ha sorprendido el hecho de que se requieran los servicios de un consultor externo mientras Fomento lleva tiempo aplicando una política de austeridad que le ha convertido en el Ministerio que más ha recortado sus presupuestos de todo el Gobierno.

Tampoco ha pasado desapercibido el hecho de que la elegida haya sido Ernst & Young, la firma para la que trabaja Juan Costa, que llegara a ser ministro de Ciencia y Tecnología con el Gobierno encabezado por José María Aznar, y también secretario de Estado de Hacienda y de Turismo y Comercio.

Un mal menor

“El Ministerio cuenta con técnicos sobradamente capacitados para realizar ese trabajo y los resultados no habrían distado mucho de los obtenidos con el documento de E&Y”, apuntan las citadas fuentes, que consideran el informe como realizado “a la carta”.

Los motivos por los que Fomento encargó el informe a una consultora externa se basan en la transparencia que el departamento que lidera Ana Pastor ha querido darle al proceso.

Sin embargo, no parece haber dejado contento a nadie, al menos entre los que finalmente deberán formar parte de la nueva sociedad pública de autopistas, a la que también se ha calificado en el sector constructor como “mal menor” para afrontar el problema de las quiebras en cascada provocadas por los sobrecostes de las expropiaciones y las fuertes caídas de los tráficos por el efecto de la crisis.