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AENA, una cuita política que ha costado (de momento) 2.000 millones a los españoles

Nadie duda ya de que el gestor de aeropuertos se vendió muy barato pero el tiempo ha dado la razón a la mayoría de los inversores, que no quisieron apostar fuerte por una operación muy contaminada desde el punto de vista político y con elevados riesgos de cambio normativo de los que muchos institucionales internacionales estaban escarmentados por la experiencia de las renovables.

Los enfrentamientos en el Gobierno han penalizado los ingresos por la venta de AENA
Los enfrentamientos en el Gobierno han penalizado los ingresos por la venta de AENA Efe

El pasado mes de octubre, un alto ejecutivo de una empresa española expresaba en una conversación privada su extrañeza por las escasas ofertas que le habían llegado al Gobierno para formar parte del núcleo duro de AENA. "Esperaban al menos una docena y sólo han llegado cinco... y, además, muy pocas de fuera". Precisamente, todo lo contrario de lo que quería el Ejecutivo, al que le bastaba con tener algún accionista español de referencia en la compañía y, al final, tuvo que elegir a dos (Ferrovial y Corporación Financiera Alba) aunque después todo cambió y el único que se quedó fue el fondo TCI.

La extrañeza del directivo venía porque sabía que a los inversores internacionales les entusiasmaba AENA y, es más, consideraban que valía mucho más de lo que estaban dispuestos a pagar por ella. ¿Qué les frenaba a la hora de apostar firmemente por la privatización? Ni más ni menos que el riesgo político

"Había grandes inversores extranjeros que hubieran estado dispuestos a entrar en AENA a 80 euros por acción"

"Había grandes inversores extranjeros que hubieran estado dispuestos a entrar en AENA a 80 euros por acción", asegura un intermediario que trabaja con numerosos fondos que invierten en España. De haberse hecho a este precio, el Estado hubiera ingresado unos 2.000 millones más por la privatización del gestor aeroportuario. "Pero el riesgo de tomar una participación significativa era muy grande; sabían que en el Gobierno la venta de AENA había generado muchas divisiones, muchas luchas internas y que los perdedores de la batalla no se iban a quedar de brazos cruzados".

La guerra a la que temían los inversores internacionales era la que libraban fundamentalmente la ministra de Fomento, Ana Pastor, con el resto de ministerios del área económica pero, sobre todo, con el jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, quien comenzó a intervenir en la operación tras afear a las partes que su opinión no había sido tenida en cuenta. 

Perfectamente conocedores de estas tensiones, que derivarían en un proceso plagado de incidentes, retrasos y confusiones, los llamados a formar parte del núcleo duro, especialmente los españoles, apostaron a la baja por AENA. Sus ofertas económicas fueron el argumento perfecto que encontró Nadal para arremeter contra la operación y asegurar que, a esos precios (entre 48 y 53 euros por acción) se estaba regalando la compañía.

Conocedores de las tensiones, los llamados a formar parte del núcleo duro, especialmente los españoles, apostaron a la baja por AENA

El riesgo normativo

Nadal apostaba por un modelo de venta por aeropuertos, algo a lo que se oponía Fomento y también AENA, cuyo presidente, José Manuel Vargas, insistió una y mil veces en el valor intrínseco de la red. El retraso que sufrió la operación por la ausencia de la ya célebre carta de conformidad dio lugar a que se conocieran datos actualizados de la evolución del negocio de AENA, muy positivos, y a que el Banco Central Europeo anunciara que comenzaría a comprar deuda soberana. Estos factores hicieron que los inversores internacionales elevaran un poco lo que estaban dispuestos a pagar por la compañía pero ni se acercaba a lo que realmente estimaban que valía.

Porque, además de los temores que les generaban las luchas internas en el Gobierno, había otro factor que, literalmente, les aterraba: el riesgo de un cambio normativo. Muchos de ellos estaban escarmentados de sus inversiones en el sector de energías renovables, ambiciosas apuestas que saltaron por los aires tras modificaciones legislativas con carácter retroactivo, que han derivado en más de una decena de procesos judiciales contra el Estado

El tiempo podría darles muy pronto la razón en el caso de AENA. El escenario de congelación de tarifas para los diez próximos años con el que entraron en el capital de la compañía podría verse modificado si la resolución final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refrenda la propuesta que comunicó la pasada semana, que incluye una bajada del 3,5% antes de iniciarse el citado periodo. Una CNMC detrás de la que muchos ven la alargada sombra de Nadal, al que ya señalaron como muñidor de la composición del organismo cuando se creó. Un riesgo normativo que AENA incluyó en el folleto de la OPV a instancias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya presidenta, Elvira Rodríguez, insistió mucho en que debería de figurar.

Especuladores en lugar de socios estables

Con este escenario, fueron muchos los inversores que apostaron por entrar en AENA, pero no a 80 euros ni con paquetes de referencia. Lo hicieron a 58 euros y, después, han obtenido una notable y rápida rentabilidad en Bolsa. Algunos de ellos, protagonistas en la OPV con diferentes papeles, no han dudado en comportarse como meros especuladores, como ha sido el caso de los colocadores Merrill Lynch y Morgan Stanley y de Lazard, que asesoró al Gobierno en la venta de la compañía.

Según los informes económicos encargados por el fondo, el cambio normativo podría tener un impacto negativo de 1.000 millones en el valor de AENA

Sólo uno de ellos ha desafiado los temores y las luchas internas gubernamentales. Quizá fuera porque TCI lleva más de 10 años en España formando parte del capital de Red Eléctrica, de la que posee aproximadamente un 20% a través de derivados, y prestando dinero a compañías tanto privadas como incluso públicas. El fondo también llegó a estar en Enagás.

Inversiones conservadoras, en sectores muy regulados, con la necesidad de estar en contacto con los gobiernos. Jamás se encontraron con un problema... hasta ahora. No llevan ni seis meses en AENA y ya han tenido que acudir a los tribunales, en este caso a la Audiencia Nacional, para tratar de parar las intenciones de la CNMC. Según los informes económicos encargados por el fondo, el cambio normativo podría tener un impacto negativo de 1.000 millones en el valor del gestor aeroportuario

Estas cuestiones son las que han querido evitar los institucionales; han evitado en la medida de los posible llevarse los guantazos que se escaparan de una pelea que no era la suya. La factura económica ronda los 2.000 millones. Pero el coste en imagen para la famosa 'marca España' y en la inseguridad jurídica generada será difícil de calcular.  


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