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Murcia multa con hasta 10.000 € a Lidl, DIA y Carrefour por vender carne, aceite y leche a pérdidas

La maraña autonómica bloquea la mayoría de denuncias contra la industria y la distribución alimentaria. A pesar de haber un nuevo órgano, la AICA, que centraliza las denuncias de agricultores y ganaderos, éste sólo puede notificárselas a las comunidades autónomas, que tienen la competencia. Y algunas, aseguran en la AICA, "ni nos contestan".

La bodega Marqués de Cáceres protagonizó junto a Protos una agria polémica con Lidl en octubre
La bodega Marqués de Cáceres protagonizó junto a Protos una agria polémica con Lidl en octubre FLICKR / Fredrik Rubensson

La Región de Murcia está tomando la iniciativa en las sanciones a las empresas de distribución por violar la ley de comercio minorista con la venta a pérdida. En las últimas horas, la administración murciana ha puesto sendas multas a Carrefour, Lidl y DIA por vender productos por debajo de coste y tiene en su punto de mira a El Corte Inglés, El Árbol y de nuevo a DIA y Carrefour. La mayor sanción ha caído en los franceses de Carrefour, y es de 10.003 euros por vender "aceite de oliva y leche de vaca", según la unión de agricultores y ganaderos UPA. La sanción a Lidl ha sido de 9.003 euros por vender carne de conejo "y obstruir la labor inspectora" y la multa a DIA ha sido de 6.002 euros por carne de pollo y aceite de oliva. Las sanciones se han hecho públicas este miércoles.

Estas multas no son muy altas, pero son las contempladas por la legislación murciana. Según las asociaciones agrarias, con castigos de este tipo "a las empresas les interesa pagar la multa y seguir incumpliendo la ley". Sin embargo, otros las ven como una buena señal, el principio de una vigilancia más activa a los supermercados, señalados por los productores como "los grandes responsables" de bajos precios como los de la leche. El objetivo del Gobierno es incrementar la vigilancia, "pero no para ir sancionando, sino para que se cumpla la ley".

¿Un caso aislado?

Murcia es, junto con Cantabria, la comunidad que más en serio se ha tomado la vigilancia de la ley de comercio minorista, según el director de la AICA, Agencia de Información y Control Alimentario, José Miguel Herrero, una entidad dependiente de Agricultura y creada en 2013 que ya lleva acumuladas más de 50 denuncias de agricultores y ganaderos por prácticas ilegales pero que, paradoja del Estado de las autonomías, no tiene capacidad sancionadora alguna.

Porque con el modelo territorial actual, a la hora de vigilar que no se produzcan ventas a pérdida se está produciendo un bloqueo entre las distintas administraciones regionales. Herrero confiesa que a muchas se les ha pasado el aviso de la denuncia de una asociación pero que ni siquiera han respondido. "Algunas se han dado por aludidas después de un tiempo. Otras, directamente ni nos han contestado", ha comentado el miembro del Ministerio.

Un supermercado implantado en todo el país podría recibir 17 denuncias por hacer lo mismo en todo el Estado, y tener un máximo de 17 sanciones y un mínimo de ninguna

La situación en sí tiene poco sentido. Imaginemos que un supermercado implantado en todo el territorio nacional es denunciado por realizar ventas por debajo de coste (algo ilegal). Si la denuncia proviene de una empresa productora que viera que en establecimientos de todas las autonomías se está produciendo esta ilegalidad, ésta debería cursarse ante las administraciones autonómicas, y podría concluir con una sanción, con 17, con ninguna, con la mitad... cada autonomía resolvería la denuncia de una determinada forma sin ningún criterio conjunto. Concurrirían entonces otras situaciones más aleatorias: la relación que tuviera el productor, el industrial o el comercializador con la administración autonómica (los hay con relaciones muy fluidas, como Eroski en el País Vasco o Mercadona con la Generalitat Valenciana), los criterios de los inspectores en cada caso, etc. Las cuantías de las multas también varían en cada caso por una misma infracción en distintos territorios.

En estos momentos, ha señalado Herrero, "hay autonomías como Cantabria o Murcia que se han tomado muy en serio estas denuncias y ya han actuado. Otras van más lentas y no nos han respondido. Nuestra esperanza es que empiecen a coordinarse entre ellas para unificar sus criterios". Otras fuentes del sector ironizan: "Estas competencias las tienen las autonomías desde los años 90, ya podían haber aprendido a hacerlas".

Así, por ejemplo en octubre se supo que la consejería de Industria de La Rioja había expedientado a Lidl por vender más barato de lo que compró ciertas botellas de las bodegas Protos y Marqués de Cáceres. Aunque hubo revuelo en aquel momento sobre la denuncia y sus posibles consecuencias, lo cierto es que casi 5 meses más tarde aún no se sabe si esta operación saldrá cara a Lidl o no, ya que no ha trascendido todavía la resolución de la denuncia.


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