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Otro revolcón a MAFO: querella contra él y su cúpula en el Banco de España por el ‘caso Metrovacesa’

Los minoritarios de Metrovacesa amplían la querella contra los últimos consejos de la compañía al exgobernador del Banco de España y los componentes del Consejo de Gobierno bajo su mandato al dar el visto bueno a operaciones que generaron un notable quebranto económico a la inmobiliaria.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, ha vuelto al primer plano de la actualidad
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, ha vuelto al primer plano de la actualidad GTres

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), exgobernador del Banco de España, ha saltado de golpe a la más rabiosa actualidad tras ser mencionado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, como uno de los responsables de la crisis en España. Pero, haciendo bueno un viejo aforismo español, las desgracias nunca vienen solas. MAFO y el resto de miembros del Consejo de Gobierno del Banco de España en 2009 han sido incluidos en el proceso judicial que se sigue como consecuencia de la gestión de los últimos consejos de administración de Metrovacesa.

Según ha podido saber Vozpópuli, la querella presentada en su día por un grupo de accionistas minoritarios contra los componentes de los consejos de la inmobiliaria y contra los bancos que forman parte de su accionariado será ampliada a las personas que componían la cúpula del Banco de España en 2009 al considerarlas partícipes de la operación por la que seis entidades financieras acordaron quedarse con acciones de Metrovacesa a cambio de la deuda contraída con ellas por la familia Sanahuja, en aquel momento accionistas de referencia de la inmobiliaria.

Los querellados consideran que aquella dación en pago ocasionó un grave quebranto patrimonial a la empresa, cuyas acciones se desplomaron más de un 95% desde entonces, con el consiguiente perjuicio para los minoritarios.

La salida a escena del Banco de España en este proceso se produce como consecuencia de las diligencias practicadas por el magistrado Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que se encarga de este asunto.

En el acta de una de las entidades financieras que participaron en la operación, concretamente Caja Madrid, se recoge el testimonio del consejero Alberto Recarte, que se muestra en contra de la misma pero que, a continuación, asegura que “al estar consensuado entre las entidades financieras y el propio Banco de España” podría ser finalmente respaldada por el consejo de la caja.

"Operación para engañar a los ciudadanos"

En la ampliación de la querella, elaborada por el letrado José Luis Abascal, se considera que “esta circunstancia provoca que el Consejo de Gobierno del Banco de España (…) se convierta en autor de los delitos recogidos en nuestra querella inicial, al cooperar de tal manera en la ejecución de los mismos que sin su apoyo no se hubiesen efectuado”.

A tal fin, la parte querellante hace alusión al artículo 28 del Código Penal, que considera autores de los delitos a “los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.

El escrito en el que se incluye la ampliación de la querella va más allá al asegurar que el acta del consejo de Caja Madrid prueba que “el Banco de España ha participado en una operación para engañar a los ciudadanos” lo que hace que el caso “adquiera mucha mayor gravedad y una dimensión incluso política hasta el momento desconocida”.

Para la parte querellante “el descubrimiento de que el Banco de España aprobase los acuerdos contenidos en el contrato de dación de acciones en pago de la deuda mantenida por la familia Sanahuja, piedra angular de la causa, significa su complicidad absoluta en los hechos contenidos en el escrito de querella presentado por esta representación, significa su participación directa en un engaño masivo a los mercados de valores nacionales e internacionales, a la economía nacional de manera general y, por supuesto, su intervención decisiva en el gravísimo perjuicio causado a los accionistas minoritarios de Metrovacesa”.

Solicitan que Linde declare

La querella original, presentada por una parte ante los juzgados de instrucción y posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción, acusa a los componentes de los últimos consejos de administración de Metrovacesa de diversos delitos, entre ellos administración desleal y apropiación indebida.

La denuncia de los minoritarios les acusa de provocar el hundimiento del valor de la compañía en Bolsa y de ejecutar operaciones clave en el devenir de la empresa en los últimos años como la decisión de no completar el acuerdo de separación de 2007, las fallidas operaciones en el exterior (la compra de la Torre HSBC, el proyecto de Walbrock y la adquisición de activos en Alemania) y la mencionada dación en pago a los bancos acreedores de los Sanahuja.

La ampliación de la querella solicita la declaración de los denunciados, entre ellos Fernández Ordóñez, Francisco Javier Aríztegui, por entonces subgobernador; José María Roldán, director general de Regulación; José Luis Malo de Molina, director general del servicio de estudios; y del resto de miembros del consejo de gobierno.

También pide que comparezcan para declarar, entre otros, Luis Linde, actual gobernador del Banco de España, y Alberto Recarte, consejero de Caja Madrid en 2009 y quien aseguró que la dación en pago contaba con el visto bueno del Banco de España.


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