Las inmobiliarias quebradas dejan un agujero en el Estado de 2.500 millones

El concurso de acreedores de Reyal Urbis, el segundo mayor de la historia tan sólo por detrás del presentado en 2008 por Martinsa-Fadesa, ha dejado al descubierto que la compañía que preside Rafael Santamaría tenía al Estado como uno de sus principales deudores: cantidades pendientes con Hacienda, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con las entidades financieras intervenidas (sobre todo Bankia y NCG). En total, algo más de 1.300 millones de euros.

Sin embargo, Reyal Urbis no es una excepción. En varios de los casos de grandes empresas inmobiliarias que han pasado por los juzgados de lo Mercantil para solicitar el concurso, la Administración aparece como uno de los principales acreedores. Las sucesivas quiebras de compañía del sector han ido generando un agujero en las arcas públicas, especialmente en el Ministerio de Hacienda, que actualmente se cuantifica en cerca de 2.500 millones de euros.

El caso de Reyal Urbis es el más significativo, toda vez que la compañía tiene una cuenta pendiente de 400 millones de euros con Hacienda, de algo más de 200 con el ICO y, además, entre sus acreedores figuran entidades intervenidas, que por lo tanto están bajo el control del Estado. Pero no es sino un caso más de inmobiliaria quebrada que ha dejado de atender sus obligaciones con la Administración y ha colocado a Hacienda en la cola de los acreedores.

Además, se da la circunstancia de que los casos en los que la deuda de las inmobiliarias con el Estado es mayor son aquéllos en los que el concurso aún no está resuelto. Así Sacresa, cuyo concurso de acreedores se encuentra entre los cinco mayores de la historia, con un pasivo cercano a los 2.000 millones de euros, mantenía una deuda con Hacienda de 150 millones de euros.

La inmobiliaria controlada por la familia Sanahuja quebró al no poder afrontar el enorme endeudamiento en el que había incurrido en la batalla que mantuvo con los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler (que también han llevado a concursos sus instrumentales) por el control de Metrovacesa.

Martinsa-Fadesa y Llanera, las excepciones

Otro caso significativo es el de Nozar. La promotora de la familia Nozaleda solicitó el concurso para ella y algunas de sus filiales con un pasivo algo superior a los 1.000 millones de euros, de los que unos 150 millones corresponden a los pagos pendientes a Hacienda. Nozar ha logrado recientemente la aprobación del convenio de acreedores de Lena, su filial de construcción, con una quita que roza el 90%.

El Estado también está pendiente de la inmobiliaria Aifos, radicada en la Costa del Sol, que se acogió a la antigua suspensión de pagos con un pasivo de 900 millones de euros. Entre un 10% y un 15% de esta deuda está relacionada con Hacienda.

Aunque protagonizó el de mayor cuantía, Martinsa-Fadesa ha logrado superar el concurso de acreedores tras acordar con las entidades financieras el pago del 100% del su deuda en un plazo de ocho años. Sin embargo, sus compromisos con la Administración apenas eran significativos (menos de 20 millones de euros). Algo similar ocurrió con Llanera, una de las primeras en presentar concurso de acreedores, allá por 2007, que también ha logrado superar el concurso y que tenía compromisos simbólico con Hacienda.

Desde que comenzó la crisis, el pasivo de las inmobiliarias que han presentado concurso de acreedores suma más de 19.000 millones de euros.