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El PP teme que la 'revuelta murciana' contra la Ley Eléctrica le estalle en el Congreso

Diputados por Murcia han secundado a Valcárcel y a alcaldes populares de la Región y han aireado su rechazo al proyecto de ley, cuya tramitación exprés neutralizó inicialmente la rebelión. Ahora deberá ir a Pleno y tendrán que retratarse.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Congreso de los diputados.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Congreso de los diputados. EFE

La reforma eléctrica de José Manuel Soria amenaza con convertirse en una suerte de vía crucis parlamentario inusual para un partido que disfruta de una holgadísima mayoría absoluta, hasta el punto de que la polémica norma puede resquebrajar la unidad del rodillo del PP en el Congreso. 

La tramitación de la nueva ley eléctrica por vía de urgencia, sin dar tiempo al debate de medio millar de enmiendas y sin pasar por el Pleno del Congreso impidió, durante la primera fase de su tramitación parlamentaria, expresar su desacuerdo con la norma a varios diputados del PP que habían aireado en la prensa local sus dudas sobre la nueva normativa, que estos días tramita el Senado.

Esos diputados están adscritos a Murcia, región que, como Extremadura, gobierna el PP, y cuyo presidente, Ramón Luis Valcárcel (que enfila sus últimos meses en el cargo), no ha dudado en acudir al Constitucional para recurrir el Real Decreto Ley que dio origen a la polémica norma.

También ayuntamientos relevantes de la región gobernados por los populares, como Lorca y Totana, han aprobado mociones exigiendo la retirada del texto. Y algunos de esos parlamentarios conservadores por Murcia han amenazado incluso con romper la disciplina de partido y oponerse en una eventual votación al texto.

El conato de rebelión saltó a la prensa local en octubre, cuando, según informó La Verdad de Murcia, parlamentarios del PP por Murcia (donde este partido controla ocho de los diez escaños con los que cuenta la región en la Cámara Baja) amenazaron en sus páginas con votar en contra del proyecto de ley si no se introducían modificaciones para evitar el grave perjuicio que sufrirán los promotores de renovables con la nueva normativa.

Cambios que, ni que decir tiene, no se han producido, y que podrían tener especial incidencia en Murcia por la fuerte apuesta de esta región por las energías limpias y, en especial, por la fotovoltaica, que concentra en esta comunidad autónoma una quinta parte de las instalaciones en toda España.

El más contundente de entre esos murcianos díscolos fue el diputado Arsenio Pacheco: “Yo estaré con lo que dice mi pueblo y el Gobierno de mi Región y votaré que no”, proclamó, en alusión al recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de Valcárcel contra el Real Decreto Ley aprobado en julio pasado por el Ministerio de Industria para intentar contener el déficit tarifario, antecedente de la ley que ahora tramitan las Cortes. 

Otros diputados murcianos, entre ellos Vicente Martínez-Pujalte, eludieron adelantar el sentido de su voto y fueron más prudentes.

Pacheco se ha quedado de momento con las ganas de votar en contra, dado que la norma, pese a su enorme calado, se ha tramitado por la vía exprés y en su paso inicial por el Congreso se despachó en una Comisión de Industria con competencia legislativa plena (sin pasar por el Pleno).

Sin embargo, el PP se ha encargado de tirar a la basura el proyecto inicial como consecuencia de la gran cantidad de enmiendas introducidas por los populares durante su tramitación parlamentaria (incluyendo el veto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que los Presupuestos sufraguen el déficit eléctrico), por lo que el proyecto deberá ser convalidado finalmente por el Pleno del Congreso.

La oposición había considerado insólito el recurso a la vía exprés para tramitar esta norma por la envergadura de las medidas que contiene un proyecto de ley que, entre otras cosas, liquida el autoconsumo, impone desproporcionadas multas a quien tenga un panel solar ilegal en su casa y faculta a los inspectores del Ministerio de Industria para entrar en los domicilios con paneles solares sin necesidad de autorización judicial, que sólo se pedirá si el residente se niega a abrirles la puerta.


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