Las renovables se lanzan contra Rajoy en el seno de la UE a 5 días del 26J

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha concedido una vista de cuatro horas dedicada específicamente a las denuncias del sector renovable contra las políticas anti energías verdes aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la pasada legislatura.

Tras años de peticiones, es la primera vez que el europarlamento dedica un monográfico tan intenso para dar voz a los damnificados por los recortes a la retribución renovable y las normas contrarias al desarrollo de nuevas actividades como el autoconsumo (autoproducción de electricidad desde los hogares) aprobadas entre 2012 y finales de 2015.

Y la cita es el 21 de junio, a tan sólo cinco días de la celebración de las nuevas elecciones generales. Entre las 15.00 y 19.00 horas pasarán por la sala de esta Comisión, habilitada en Bruselas (sede de la CE), representantes de las patronales fotovoltaicas Unef y Anpier, miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, responsables jurídicos del bufete especializado en temas renovables Holtrop, pequeñas empresas fotovoltaicas como Dulcinea Solar 61 y 62 y un buen número de desconocidos ciudadanos españoles que quieren denunciar la situación que ha sufrido esta actividad empresarial en España en los últimos años.

De las 15.00 a las 19.00 horas del 21 de junio, los damnificados por las políticas de Rajoy denunciarán sus casos y pedirán la actuación de las autoridades europeas contra el Gobierno español

Así lo recoge el documento de contestación enviado por el Parlamento europeo a las partes solicitantes, al que ha tenido acceso Vozpópuli. Los peticionarios no se habían coordinado a la hora de hacer sus solicitudes, pero el Europarlamento les ha agrupado a todos para recoger todas sus quejas y denuncias en una única sesión.

Ante un nutrido grupo de eurodiputados, los emisarios del sector renovable, representantes más de movimientos ciudadanos, pequeños inversores y plataformas sociales que de grandes empresas, denunciarán que el Gobierno español “ha roto el principio de confianza legítima de los inversores con sus recortes y cambios normativos a mitad de partido, han subvertido la seguridad jurídica de la legislación eléctrica y han incumplido la directiva de renovables de la Unión Europea, lo que acarreará, entre otras consecuencias, que España no consiga cumplir los objetivos 20/20, señala una de las fuentes que participará en la sesión del 21 de junio en Bruselas.

Es más, algunos de los intervinientes irán más allá y acusarán a la propia Comisión Europea, que también estará presente en la sesión parlamentaria, de “ser cómplice del Gobierno de Rajoy al no haber puesto coto a sus políticas y además no expedientar a España por el incumplimiento de la normativa europea sobre renovables”.

Los representantes del sector también acusarán a Bruselas de "lavarse las manos" y no intervenir pese a constatar que se han vulnerado la directiva renovable y el derecho europeo

Las fuentes consultadas creen que el Gobierno español ha dado argumentos suficientes a la Comisión para abrir un procedimiento de infracción por vulnerar las normativa renovable y el derecho europeo.

Pero el Ejecutivo “prefiere lavarse las manos”, según estas fuentes, y en el mismo escrito de convocatoria a los peticionarios introduce un párrafo final que lo deja claro: “a la luz de lo expuesto, la Comisión no considera que se haya infringido la Directiva 2009/28/CE relativa a la energía renovable. Al mismo tiempo cabe recordar que con la incorporación de la Directiva 2009/28/CE a la legislación nacional, las autoridades españolas y en última instancia los tribunales españoles han de garantizar el respeto de los principios de la legislación de la UE incluida la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima”.

La Comisión deja en manos de los tribunales españoles el papel que los peticionarios le exigen. Actualmente, el sector renovable, desde todos los frentes (inversores, empresas, CCAA, plataformas ciudadanas…) ha judicializado todas las decisiones tomadas por el Gobierno en estos cuatro años. Constitucional, Supremo, Audiencia, tribunales ordinarios y Cortes arbitrales internacionales han recibido centenares de demandas y recursos contras las diferentes medidas antirrenovables aplicadas en estos años.