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Soria acelera la adjudicación del basurero nuclear para que arranque en esta legislatura

Industria dará las autorizaciones este mismo año para que el contrato más suculento, la obra civil (217 millones), se adjudique dentro de la actual legislatura.

José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía.
José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía. EFE

El Gobierno quiere dejar atada y bien atada la puesta en marcha de uno de los proyectos más polémicos de esta legislatura, la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), el basurero nuclear que en el futuro acogerá los residuos de todas las centrales atómicas españolas.

Fue polémica la elección del municipio (Villar de Cañas, Cuenca), decisión que estuvo amparada por María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y candidata a la reelección en las autonómicas de mayo. Más polémico aún fue el empecinamiento del anterior presidente de Enresa, la empresa encargada de desarrollar el ATC, en adjudicar los primeros contratos de obra civil por la vía rápida pese a no contar con las autorizaciones preceptivas.

El Gobierno se vio obligado a destituir a Francisco Gil Ortega y ahora, bajo el presidencia de Juan José Zaballa, quiere darle un nuevo impulso al proyecto. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha adelantado este miércoles que Enresa contará con las autorizaciones para poder iniciar su construcción antes de que termine el año.

Soria prevé que la concesión de la autorización de emplazamiento previa esté lista a finales del primer semestre y que la autorización de construcción se conceda antes de que acabe 2015.

El objetivo del ministro es acelerar todos los procesos para que el ATC eche a andar antes de las elecciones generales de finales de año, cuyo resultado es del todo incierto, especialmente para el PP, que tras el varapalo andaluz comienza a vislumbrar un complicado año electoral.

El objetivo primordial es adjudicar el contrato mollar, la obra civil valorada en 217 millones de euros, una decisión que se tomará en pleno proceso electoral

Fue el propio Ministerio de Industria, por indicación de Vicepresidencia del Gobierno, el que forzó la salida de Gil-Ortega (disfrazada de dimisión "por motivos personales") y paralizó todo lo que estaba en marcha hasta nueva orden.

Ha pasado mes y medio y Soria cree que ahora Enresa sí podrá contar con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es "previo, preceptivo y vinculante (en caso negativo)". Por ello avanzó este miércoles en sede parlamentaria (Comisión de Industria del Congreso) que la autorización previa para el emplazamiento, que no puede concederse sin el 'sí' del CSN, estará antes de julio.

También será necesaria una declaración favorable de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Con esos dos informes, Industria dará luz verde al proyecto, para luego pasar a la segunda fase, la más jugosa. En juego están los "217 millones de euros de importe máximo de licitación de la obra civil del ATC". Hay presentadas ocho ofertas, que "ahora se están evaluando", y el Gobierno confía en poder adjudicar este paquete a final de año.

A partir de aquí ya no habrá marcha atrás. El ATC echará a andar y su presupuesto total ronda los 800 millones de euros.

Para evitar dudas y suspicacias, el ministro ha recordado que "en todo proceso de licenciamiento, es habitual que el CSN requiera a los licenciatarios de instalaciones nucleares información adicional o aclaraciones específicas en relación con la documentación presentada, para poder elaborar su informe. Hasta la fecha, el CSN en ningún momento ha manifestado que el emplazamiento no sea válido para la construcción del ATC. Actualmente, el CSN está analizando esta documentación".

Es evidente que Soria confía en que el CSN dé su aprobación al proyecto en las próximas semanas o meses, para que Industria conceda la autorización de emplazamiento.

A su paso por la Comisión de Industria, el ministro ha insistido en que el hachazo renovable se diseñó en Industria ("ha habido 20 técnicos del IDAE trabajando en ello") y que las consultoras externas, Roland Berger y Boston Consulting, se contrataron para "recabar apoyo técnico para llevar a cabo los análisis de detalle de los costes. Era una opinión adicional de expertos externos".


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