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La condena de Joaquín Rivero en Francia reaviva el ‘caso Metrovacesa’ en España

El empresario está imputado en la causa que sigue la Audiencia Nacional contra los últimos consejos de Metrovacesa, acusados de presuntos delitos de estafa y administración desleal. Igual que en Francia, la denuncia partió de minoritarios.

Joaquín Rivero, ex presidente de Metrovacesa y Gecina
Joaquín Rivero, ex presidente de Metrovacesa y Gecina

El ‘caso Metrovacesa’, la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la denuncia de accionistas minoritarios de la inmobiliaria a sus últimos consejos de administración, cobra una nueva dimensión después de que uno de los imputados, Joaquín Rivero, ex presidente de la compañía, haya sido condenado en Francia por cinco delitos, entre ellos malversación y blanqueo, en su etapa como presidente de la inmobiliaria gala Gecina.

Rivero, que prestó declaración la pasada semana ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado de instruir la causa, fue denunciado en su día en Francia por una asociación de accionistas minoritarios por su papel como presidente de Gecina, cargo que ocupó durante cuatro años, entre 2005 y 2009.

El proceso, que ha llevado una instrucción de más de seis años, ha derivado en una sentencia que condena a Rivero a cuatro años de prisión y el pago de 208 millones de indemnización, aunque su ejecución ha sido suspendida por del recurso que han presentado los representantes legales del empresario jerezano.

La causa contra los últimos consejos de administración de Metrovacesa también fue iniciada por accionistas minoritarios de la inmobiliaria, que se consideran perjudicados por las decisiones estratégicas de la compañía, entre las que se encuentra el acuerdo de separación entre el propio Rivero y los Sanahuja, las operaciones de éstos al frente de la compañía (especialmente inversiones en el exterior que resultaron ruinosas para la empresa) y el acuerdo de dación en pago por la que los bancos acreedores de los Sanahuja pasaron a tomar el control de Metrovacesa a cambio de la deuda.

El papel de los bancos

La condena a Rivero en Francia da nuevas armas a la acusación del ‘caso Metrovacesa’, que ve en el desarrollo de la causa seguida contra el ejecutivo en el país vecino un reflejo del asunto que instruye ahora la Audiencia Nacional.

Los minoritarios acusan a los miembros de los últimos consejos de Metrovacesa de delitos como administración desleal y apropiación indebida. También les responsabilizan de provocar tanto el desplome bursátil de la empresa (con el consiguiente perjuicio para los accionistas) como de perjudicar a los socios con la operación de dación en pago, momento a partir del cual las entidades financieras se convirtieron en dueños de la empresa.

Por el mencionado acuerdo, la banca pagó 57 euros por cada acción de Metrovacesa que estaba en manos de los Sanahuja, hasta tomar algo más del 60% del capital de la compañía. Los minoritarios consideran que la oferta debería haber sido extensible al resto de accionistas de la empresa y se consideran perjudicados por ello porque los títulos de Metrovacesa se desplomaron hasta cotizar apenas por encima de los dos euros cuando fueron excluidos de Bolsa, en mayo del pasado 2013.  

Los querellantes consideran que cuando los bancos tomaron el timón de la inmobiliaria tomaron decisiones que perjudicaron gravemente a la compañía, como la venta de activos en Reino Unido y Alemania con notables minusvalías. Además, los minoritarios acusan tanto a los bancos como a la familia Sanahuja de no informar debidamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del contrato de dación en pago      

Por este motivo, la querella se amplió a los consejos de los bancos que participaron en este proceso (Santander, BBVA, Sabadell, Bankia, Popular y Banesto –posteriormente absorbido por su matriz, Banco Santander).

No irá a la cárcel

A pesar de la sentencia condenatoria, lo más probable es que Rivero esquive el ingreso en prisión debido al recurso que ha presentado, que obligará a la repetición del juicio en un plazo de entre 12 y 18 meses, y por una cuestión de edad. El ejecutivo cumplirá 72 años en 2015 y en Francia la edad límite para ir a la cárcel es de 75 años. Por eso, la sentencia habla de cuatro años de prisión pero de “tres en firme”, el número máximo de años que Rivero podría estar en la cárcel.

En el caso de que el recurso no prosperase y Rivero volviera a ser condenado, el empresario sólo podría estar aproximadamente un año y medio en prisión, pena que, además, se reduciría a la mitad bajo circunstancias de buen comportamiento. Además, en ese caso Rivero podría cumplir la pena en España en virtud de un convenio vigente desde 1983. Por causa de su edad, la condena sería sustituida por una libertad condicional.


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