El Gobierno amenaza a Cataluña con una multa a pequeños comercios... y a Mercadona

"Es importante que desaparezca esa figura injustificada como son los impuestos a las grandes superficies. Lo he dicho en público en muchas ocasiones. Es además una amenaza muy grave sobre el pequeño comercio, algo en lo que a veces se pierde la perspectiva. Hemos venido trabajando con mucha intensidad para convencer a las comunidades autónomas de que hagan desaparecer esos impuestos a grandes superficies. Lo hemos conseguido en la mayoría de ellas y esos impuestos han sido derogados. Nos queda una, que todavía no parece entender que está poniendo en riesgo a las decenas de miles de pequeños empresarios de comercio, que no pagan ese impuesto, pero que si la Comisión Europea... el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, declarara ese impuesto contrario al derecho comunitario, algo que podría pasar en los próximos meses, podría hacer pagar el impuesto a todos y cada uno de los establecimientos comerciales de esa comunidad autónoma desde la fecha en que se aprobó".

Estas palabras del secretario de Estado de Comercio en funciones, Jaime García Legaz, fueron interpretadas en el foro de la patronal de centros comerciales Anged como un 'recado' para la Generalitat catalana, que mantiene un impuesto a superficies superiores a 2.500 metros cuadrados (17 euros por metro y por año). El político murciano, próximo al ala aznarista del PP, no dudó en lanzar esta sutil amenaza este martes en el foro anual de Anged, frente a Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Agustín Markaide (Eroski) y demás ejecutivos y propietarios de la gran distribución. Un poderoso lobby que desea como pocos el fin de las tasas por superficie comercial.

Legaz aseguró que menos una autonomía, todas habían "capitulado". Sin embargo, hay otras dos (Aragón y Asturias) que además de Barcelona también mantienen un impuesto parecido. Portavoces asturianos y aragoneses han confirmado a Vozpópuli que su impuesto no ha sido derogado, sino modificado. En el caso asturiano, se vanaglorian además de tener "dos sentencias del TV que nos dan la razón, porque en nuestra regulación paga el centro comercial únicamente, no cada pequeña tienda".

Europa avanza por la vía de considerar estos impuestos ayudas ilegales indirectas. Al menos estas 3 autonomías siguen manteniendo vigente la tasa. Navarra, Rioja y Canarias tenían un impuesto parecido que decidieron eliminar a instancias del propio gobierno.

Problema fiscal con gigantes actores

Las palabras de Jaime García Legaz querían dar a entender que todos los establecimientos comerciales, grandes y pequeños, podrían ser multados si la sentencia cumplía lo esperado. En lugar de que la administración tuviera que devolver el impuesto ilegal, aseguran desde la patronal, lo estipulado en la ley es que sean los competidores que no han tenido que pagar el impuesto los que paguen, porque se considera que se han beneficiado de ayudas indirectas ilegales. Los pequeños pagarían, pero también todos los que tengan establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados, singularmente Mercadona, que tenía a cierre de 2015 250 tiendas en Cataluña. Lidl, DIA, Aldi o Caprabo serían también afectados.

Solamente en las superficies catalanas, según cálculos aproximados de algunos agentes del sector, podríamos estar hablando de varios cientos de millones de euros. El impuesto, tal y como ha dicho García Legaz, se aprobó en Cataluña en el año 2000, y ese podría incluso ser el año que se eligiera. Sin embargo, desde la Conselleria d'Hisenda de la Generalitat se avisa de que "estamos en el trámite. La primera semana de agosto el Govern aprobó la memoria preliminar reformulándolo en el sentido medioambiental, será un tributo estrictamente medioambiental". De este modo, se cambiaría hacer un gravamen por espacio a hacerlo calculando la afluencia de vehículos. La recaudación prevista es la misma y "la recaudación y los sujetos gravados" también. Es decir, podría seguir penalizando un tipo de establecimientos (los más grandes, los que defiende Anged) y seguir beneficiando a los supermercados de menos de 2.500 metros cuadrados.

Como en otros tantos casos, lo que para unos requiere una regulación inmediata, para otros está más que bien así.