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Sin vuelta atrás: el 'rodillo' del PP legaliza el asalto de los inspectores a las casas con placas solares

Sin admitir debate ni comparecencias, el PP aplicó este martes el rodillo de su mayoría absoluta y aprobó en el Congreso la Ley Eléctrica, que convierte en legal la posibilidad de que los inspectores puedan entrar en las viviendas con placas solares sin autorización judicial. Además, rechazó de plano la enmienda de la oposición que proponía prohibir a las eléctricas que corten la luz por impago a las familias con economías más vulnerables.

Placas solares fotovoltaicas instaladas en un tejado particular para autoconsumo
Placas solares fotovoltaicas instaladas en un tejado particular para autoconsumo sonpicornell.blogspot.com

No ha habido forma de pararlo por la vía parlamentaria. Sin debate alguno y sin comparecencias, el Grupo Popular aplicó este martes el rodillo de la mayoría absoluta para sacar adelante el proyecto de Ley del Sector Eléctrico en la Comisión de Industria del Congreso.

El partido en el Gobierno sólo ha incluido en el texto sus 57 enmiendas, el resto, unas 440, propuestas por toda la oposición, han sido fulminadas en la votación, al igual que ya ocurrió hace unas semanas con las enmiendas a la totalidad que presentaron algunos partidos.

Entre las enmiendas que ya forman parte del articulado de la Ley, que entrará en vigor antes de fin de año cuando vuelva del Senado y supere su paso definitivo por la Carrera de San Jerónimo, figura la número 475, la más polémica de todas.

Ya no hay vuelta atrás, los inspectores del Ministerio de Industria y Energía podrán entrar, sin autorización judicial, en los domicilios privados para revisar si las instalaciones de autoconsumo, principalmente paneles solares,están acogidas a la normativa vigente y pagan religiosamente su peaje de respaldo.

Sólo las 57 enmiendas que propuso el PP se incorporarán a la Ley, el resto han sido fulminadas y sólo queda la opción, improbable, de introducir cambios en el Senado

El texto ha quedado tal y como lo propuso el PP: “El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas, asociaciones de empresas y personas físicas que desempeñen alguna actividad de las previstas en esta ley, así como al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas”.

Sólo se requerirá una simple autorización administrativa, aunque el afectado podrá oponerse a esa nueva versión actualizada de “allanamiento de morada”, lo que provocará, sólo en ese caso, que Industria tenga que pedir “la correspondiente autorización judicial” para que los inspectores puedan acceder a las viviendas.

No ha sido ésta la única propuesta que ayer provocó una encendida polémica en el Congreso. El PP rechazó de plano la enmienda conjunta de PSOE, IU, CiU, BNG y ERC que instaba a prohibir a las compañías eléctricas a cortar la luz por impago de aquellos hogares con verdaderos problemas económicos.

La Ley se ha despachado por la vía de urgencia y casi sin debate parlamentario, lo que ha provocado la queja formal del PSOE ante Jesús Posada

Según la plataforma por un nuevo Modelo Energético, una de cada diez familias españolas (“más de dos millones de familias”) están en “situación de pobreza energética" y no podrán encender la calefacción este invierno porque sus economías no darán para pagar las facturas de luz y gas.

En general, el proceso parlamentario de la Ley del Sector Eléctrico, la principal norma incluida en la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros del 12 de julio, ha sido bastante polémica, por la falta de debate y de transparencia, como han criticado todos los grupos políticos. Pero además, todo el sector eléctrico, desde el más tradicional al más renovable, se ha enfrentado al Gobierno, por los drásticos recortes a los ingresos de todas las compañías.

No le han ido a la zaga los consumidores, que ven como el recibo de la luz sube (ya van cuatro incrementos este año) convirtiendo a España en le tercer país que más paga por la electricidad, con el lastre que eso supone para las economías familiares y para la competitividad de las empresas.


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