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Industria exige al Colegio de Ingenieros Técnicos de ‘telecos’ de Madrid que devuelva 155.000€ de ayudas

José Manuel Soria, ministro de Industria.

El Colegio de Ingenieros técnicos y Peritos de Telecomunicaciones de Madrid (COITT) está siendo objeto de estudio por parte de Industria en relación a unas ayudas públicas que obtuvo en 2011 y que, a juicio de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Colegio debe devolver íntegramente por incumplir ciertos requisitos. 

Así, Industria ha abierto un expediente al Colegio, por el que le reclama una ayuda pública de casi 155.000 euros. Curiosamente este dinero público estaba destinado a un proyecto de formación sobre telecomunicaciones (Plan Avanza Formación), titulado 'Gestión eficiente de la comunicación online en la pyme para el desarrollo de comunidades efectivas y posicionamiento SEO'.

Ahora, casi dos años después, la secretaría de Estado de Telecomunicaciones acaba de detectar "una serie de incidencias" que le hacen sospechar que este curso no se ha llevado a cabo en las condiciones exigidas, según el escrito que envía Industria al Colegio notificando el 'Inicio de Expediente de Reintegro Total' de las ayudas públicas. 

Entre estas incidencias, Industria destaca que el curso no fue elaborado por el personal del COITT;  que el curso se distribuyó por una empresa subcontratada por COITT para la ejecución del proyecto sin la perceptiva autorización del órgano concedente, que "las personas cuyo coste de personal se ha imputado al proyecto en la partida de otros gastos corrientes no conocen el proyecto y no recuerdan haber trabajado en esas actividades"... Por todo ello, Industria le insta ahora a devolver las ayudas y los intereses de demora.  

"Ha obtenido la subvención falseando las condiciones y ocultando la necesidad de una subcontratación y ha incumplido la actividad del proyecto que fundamentan la concesión de la subvención", dice el escrito.

De momento, el Coitt de Madrid, con José Javier Medina como decano al frente, ha presentado sus correspondientes alegaciones. "Nuestra institución ha respetado estrictamente los procedimientos y requisitos exigidos para tales ayudas", defienden fuentes oficiales del Coitt. 

Más guerra en el Colegio

Mientras Industria y el Colegio aclaran este hecho, un grupo de aspirantes al poder del Coitt, en guerra abierta contra los actuales gestores, ha elevado al secretario de Estado de Telecomunicaciones Victor Calvo-Sotelo una carta en el que, punto por punto, pone en su conocimiento sus preocupaciones y gran parte de las tensiones internas que vive el Colegio.

En relación a esta investigación de Industria sobre las ayudas públicas, alertan del "descrédito de una actuación irregular de la cual sólo serán responsables determinados colegiados".

En la misiva, además, este grupo le pide que tenga un papel mediador y dé una solución al conflicto interno que surgió en 2011 ante unas supuestas irregularidades en la gestión, ejercicio en el que este grupo intentó sin éxito tomar el control del Colegio en las pasadas elecciones.

Las sospechas a las supuestas irregularidades se avivaron cuando la Fiscalía de Madrid abrió una investigación a raíz de una querella criminal que dirigió el actual decano del colegio de ingenieros técnicos de telecomunicaciones y peritos de Cataluña, Fernando-Salvador Amago Martínez, contra todos los miembros de la junta de Gobierno del Colegio por malversación de caudales públicos o apropación indebida. En esta querella se denuncian unas supuestas irregularidades en la gestión del Colegio y la participación de éste en la sociedad mercantil, que maneja un amplio patrimonio inmobiliario con casi unos cuarenta apartamentos en Benidorm y Marbella.

En la mencionada carta al secretario de Estado, este grupo señala que el caso se archivó el año pasado por falta de información: "Sólo cuando se realicen verdaderas fiscalizaciones de las cuentas de las tres instituciones (en relación a la estructura del Colegio, su Asociación y su Patrimonial) podrán detectarse indicios de desviaciones de capital. Y esos datos no existen actualmente debido a la escasa documentación y a la falta de colaboración derivada del enfrentamiento entre cargos directivos", dice la Fiscalía. 

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