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Condenan al Estado a indemnizar a Iberia por el traslado en avión de 'sin papeles' expulsados

La Audiencia Nacional da la razón a la aerolínea, que reclamaba a la Administración 414.530 euros en concepto de intereses de demora por los retrasos en los pagos de los billetes de personas expulsadas del territorio nacional en aviones de la compañía.

Un vuelo de Iberia.
Un vuelo de Iberia. iberia

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado español a indemnizar a Iberia por los retrasos acumulados en el abono de los billetes de avión de las personas que, en virtud de una resolución de expulsión por encontrarse en situación ilegal en España, han tenido que regresar a sus países de origen en vuelos de la compañía entre los años 2003 y 2011.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia ha estimado un recurso de la antigua aerolínea de bandera por el que se condena a la Administración a abonar a Iberia 414.530,83 euros en concepto de intereses de demora por el retraso (más de dos meses) en el pago de facturas emitidas por la prestación de servicios de transporte aéreo en viajes realizados para ese propósito (la expulsión de ‘sin papeles’ de España en vuelos operados por la compañía) durante el año 2003 y el periodo comprendido entre los ejercicios 2005-2011.

La sentencia, dictada el pasado 23 de abril, y que puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, condena al Estado a abonar las costas del proceso, tal y como pedía Iberia.

La Audiencia se ha ajustado al milímetro a las pretensiones de la aerolínea, que en su recurso reclamaba esa cuantía de más de 400.000 euros como complemento a los 833.939,25 euros que ya reconoció la Administración en octubre de 2011 a través de una resolución del entonces secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana.

Iberia recurrió esa decisión por su discrepancia con la metodología utilizada entonces por el Ministerio del Interior para calcular esos intereses de demora y la Audiencia le ha dado razón ha considerando disconforme a derecho esa resolución.

El conflicto data de noviembre de 2009, cuando la aerolínea presentó ante la Administración una primera reclamación en la que le exigía 1,37 millones de euros en concepto de intereses de demora devengados hasta junio de 2009 por los retrasos acumulados en el periodo 2003-2009, “habiéndose calculado dichos intereses a partir de los dos meses de emisión de las facturas hasta la fecha de su cobro efectivo”.

Iberia no ha querido comentar este asunto ni el número de vuelos afectados, que podría ser muy significativo.

El año pasado, el Defensor del Pueblo desveló algunas de las magnitudes asociadas a la repatriación de inmigrantes extranjeros expulsados en avión; según datos de la Dirección General de la Policía recopilados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en 2012 el Ministerio del Interior fletó un total de 153 vuelos de repatriación de inmigrantes a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y otros 13 en colaboración con la Agencia Europea de control de las fronteras exteriores (FRONTEX).

Con ellos, el departamento de Jorge Fernández Díaz logró la expulsión de 3.251 extranjeros.


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