Publicado: 24/07/2013 13:15
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dicho hoy que la eléctrica mantendrá "una actividad regulatoria importante" en los próximos meses para intentar suavizar el golpe de la reforma energética recién aprobada el pasado día 12 por el Gobierno, al que ha pedido un "esfuerzo de diálogo". El ejecutivo ha confiado en que "se podrán meter a través de los diferentes grupos parlamentarios enmiendas y modificaciones" al texto inicial para "mejorar aquellas cosas que consideramos que no son totalmente eficientes".
Las dos principales preocupaciones de Iberdrola son los recortes que contempla la reforma para la actividad de distribución y a la remuneración de la eólica, de la que es líder mundial y el principal operador en España.
Respecto a esta última, Galán ha dicho que en Iberdrola todavía es pronto para evaluar cuál es el impacto del nuevo sistema retributivo, que fija una rentabilidad del 7,5% para todas las instalaciones y puede dejar sin prima a los parques eólicos más antiguos. Previsiblemente, dicho impacto se conocerá en octubre y será entonces cuando la eléctrica decida si es necesario provisionar en sus cuentas el efecto del real decreto, como ha tenido que hacer con sus parques eólicos en Estados Unidos.
En principio, el esquema planteado por el Gobierno desagrada a Iberdrola. Su consejero-director general, José Luis San Pedro, al que le va el bonus en la tarea (está vinculado, entre otros aspectos, a lograr mejoras regulatorias en todas las áreas de negocio"), ha criticado la "arbitrariedad" del cálculo de los costes estándares y la retribución de las instalaciones. Respecto a la actividad de distribución, ha lamentado que el Gobierno haya realizado una medición "errónea de los riesgos" de este negocio.
Durante la conferencia para analistas correspondiente a los resultados del primer semestre, Galán ha confirmado que Iberdrola emprenderá acciones legales contra las medidas que no considere "justas o razonables", en aras de la "justicia retributiva".
Sin problema de déficit estructural
El presidente de Iberdrola ha valorado que el paquete de medidas “elimina el problema del déficit de tarifa estructural" y "proporciona mecanismos para evitar la generación de déficit a futuro, estableciendo, además, que los posibles déficits coyunturales que puedan producirse sean financiados por todos los agentes, lo que reducirá la obligación de Iberdrola a una tercera parte de lo que ha tenido que financiar en el pasado”. Así, la eléctrica, que actualmente financia el 33% del déficit, pasará a financiar sólo el 13%.
Sin embargo, Galán ha criticado que el paquete normativo no tenga en cuenta elementos básicos de política energética como unos objetivos económicos y medioambientales; previsiones de demanda; planificación de infraestructuras de red; o una definición del mix energético objetivo.
El ejecutivo también ha criticado la elevada carga impositiva en España, que ha hecho que el pasado ejercicio, la eléctrica pagara 5.300 millones en impuestos, el 49% del total, pese a que España aportó solo el 30% del beneficio. No obstante, el Grupo se han acogido a la posibilidad de actualizar el valor de sus activos, tal y como se recoge una ley de actualización de balances de diciembre pasado, que le ha permitido ahorrarse más de 1.500 millones en impuestos para los próximos años a cambio de abonar ahora a Hacienda 316 millones.
A juicio de Galán, el esfuerzo que el Gobierno ha exigido a los agentes del sector no es equitativo y recae principalmente sobre las empresas, con más del 70% del peso de las medidas, mientras que la aportación de la Administración se ha quedado en el 9%.
El ejecutivo ha vuelto a arremeter contra las energías solares, que, ha recordado, aportan al sistema un 4% de la energía total, suponiendo un incremento del coste de la energía del sistema del 30%, así como la inclusión en la factura eléctrica de partidas que nada tienen que ver con el suministro. Y ha reiterado que “no parece razonable que tengamos que parar o cerrar instalaciones que producen a 50 euros para que sigan produciendo las que cuestan 450 euros ni que se sigan manteniendo e incluso incrementando las obligaciones ajenas al suministro con las que sigue contando la factura eléctrica”.
La sobrecapacidad del sistema ha llevado al Gobierno ha permitir la hibernación de 6.000 megavatios de centrales de ciclo combinado, cifra que Galán ha calificado de "sustancialmente pequeña" teniendo en cuenta "los excedentes de capacidad que tenemos". Y también ha pedido "algún tipo de compensación económica" para los promotores que cierren o hibernen esas centrales.
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