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Miedo y silencio en las telecos: nadie se atreve a denunciar el plan de Moncloa para salvar Prisa

La vicepresidenta brinda junto a Cebrián y Caño (los dos a la derecha), entre otros, por el futuro de El País en catalán.

La operación está encauzada y se cerrará a finales de este mes. Objetivo cumplido: el grupo Prisa podrá contentar a sus bancos y fondos buitres acreedores y alejar el fantasma de la quiebra, gracias a una operación auspiciada desde Moncloa a la que esta semana el regulador CNMC le ha puesto el lazo de regalo.

El guión se está cumpliendo a la perfección. Telefónica podrá comprar el 56% de las acciones de Digital+ a Prisa, por un monto que oscilará entre los 720 y 750 millones de euros (ha habido depreciación en los últimos meses). El grupo presidido por Juan Luis Cebrián destinará este dinero fresco a taponar parcialmente el sumidero de deuda (3.200 millones en 2013, reducidos a 2.500 millones en 2014) en el que se ha convertido en los últimos años.

Era el hito más importante a cumplir que le habían impuesto sus acreedores (la propia Telefónica, entre ellos) y así será. El regulador ha fijado unas condiciones más que asumibles para que la operadora de telecomunicaciones pueda hacerse con el control del mercado de la televisión de pago en España, pero ése era sólo un objetivo secundario.

El primordial era salvar al grupo Prisa, ése que en los últimos años se ha convertido, a través de sus principales cabeceras (papel y radio), en ferviente defensor de las políticas del Gobierno de Rajoy.

La recompensa ha llegado y los competidores agachan la cabeza. Ni Vodafone ni Orange ni Mediaset ni Atresmedia han querido reconocer en público lo que es un secreto a voces, el interés del Ejecutivo por sacar adelante una operación que impida la caída del principal emporio de comunicación español y de su rocoso presidente Cebrián.

Hay un pacto de silencio para que ninguno de ellos interfiera con sus críticas en plena campaña electoral.

Los competidores afectados por la operación se han limitado esta semana a criticar aspectos técnicos y de mercado de la resolución, sin entrar en el fondo y motivación de lo ocurrido

Las dos operadoras de telecomunicaciones competidoras de Telefónica se han limitado esta semana a censurar aspectos técnicos de la resolución de la CNMC que impone ciertas condiciones a Telefónica, como la reducción de cinco a tres años en los contratos de exclusividad de los contenidos 'premium' (fútbol, cine, series, Fórmula 1…) o la limitación de la oferta mayorista al 50%.

El grupo que preside César Alierta ha tenido que ceder en algunos aspectos para que la CNMC pueda emitir un informe favorable a la operación que sí o sí tenía que salir adelante por encargo del Gobierno, señalan varias fuentes conocedoras del proceso que prefieren mantener su anonimato.

Quedan sólo unos días para que el regulador convierta en definitiva una resolución que no comparten Vodafone y Orange, pero sobre la que sólo se atreven a hacer matizaciones técnicas.

Telefónica ha hecho bien su trabajo y ha cedido lo justo para no estropear una operación que tenía que salir adelante por orden de Moncloa

El grupo francés considera que de concretarse en los términos actuales, Telefónica con Digital+ controlará más del 85% del mercado de televisión de pago en cuanto a cuota de ingresos y del 70% en número de clientes.

En Telefónica tienen claro que la competencia está garantizada y que sus competidores tendrán acceso a precios razonables a todos los contenidos.

Cada uno de los operadores ha jugado sus bazas en la medida que ha podido con la CNMC y la presentación de sus alegaciones, pero el gran ganador ha sido Prisa, que con la venta de Digital+ podrá amortizar otro 30% de su deuda y cumplir con las exigencias de sus acreedores, que habían pedido la venta de activos no estratégicos para sanear el grupo.

Pese a este balón de oxígeno, Prisa sigue teniendo agazapados en su puerta trasera unos 15 fondos buitre más nueve bancos que van a pedir más desinversiones para que la deuda siga recortándose, en lo que los expertos del sector consideran un proceso progresivo de desmembramiento del otrora principal grupo de comunicación de España.

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