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Expropiados por concesiones de OHL en México denuncian impagos de la empresa

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL

Un nuevo frente se la abre a OHL en México. O, por mejor decir, uno viejo que parecía olvidado y que ahora amenaza con revivir a raíz de la complicada situación que atraviesa la compañía en el país azteca. Se trata del pleito judicial que mantiene un grupo de campesinos contra la compañía, a la que acusan de no haberles compensado económicamente por la expropiación de sus terrenos con vistas a construir parte del trazado del Circuito Exterior Mexiquense, una de las concesiones de OHL en el país.

La ofensiva de los antiguos propietarios de los terrenos se ha plasmado en los últimos días en la prensa local, con la compra de espacios publicitarios que utilizan para reproducir una carta abierta dirigida al presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador del Estado de México (administración que llevó a cabo la concesión), Eruviel Ávila. En ella, los afectados por las expropiaciones acusan a OHL de no cumplir con los acuerdos pactados para la cesión de los terrenos y, además, de carecer de voluntad para resolver el conflicto.

En la misiva, publicada en varios periódicos mexicanos, los expropiados recuerdan que cuentan con una sentencia favorable del Tribunal Supremo Agrario del décimo distrito del Estado de México, en la que los jueces resuelven a su favor y condenan a OHL a devolver a sus dueños 31.000 metros cuadrados de terreno que, en su día, expropiaron para el Circuito Exterior Mexiquense. Precisamente, ésta es una de las concesiones de OHL en México bajo sospecha por la publicación en Internet de una serie de conversaciones entre directivos de la compañía en las que se hablaba de un presunto fraude en la sucesiva renovación de los títulos concesionales.  

La sentencia data de mayo de 2011 y los antiguos propietarios de los terrenos reclaman a través de la carta que se ejecute ya que, pese a que han transcurrido más de cuatro años desde su publicación, no ha habido ninguna actuación por parte de la compañía. En la carta abierta, los campesinos acusan directamente al magistrado Heriberto Leyva, encargado de revisar el caso, de parcialidad a favor de la empresa española.

Demanda a instancias superiores

Precisamente, debido a la falta de ejecución de la sentencia, los expropiados han procedido a registrar una demanda penal en una instancia superior, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México contra OHL y también contra el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos (Saascaem), organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargado de supervisar todo lo relacionado con las concesiones.

Precisamente, la Saascaem también está bajo el punto de mira de la sospecha en las denuncias presentadas por Infraiber, la compañía encargada de verificar el tráfico de, entre otras concesiones, el Circuito Exterior Mexiquense y que acusa a OHL de impedirle realizar su trabajo.

Infraiber denunció ante las Administraciones mexicanas que las cifras correspondientes a las inversiones y el montante a recuperar por la compañía, consensuadas con la Saascaem, no se correspondían con los estados financieros que posteriormente presentaba la concesionaria, auditados por Deloitte. Infraiber aseguraba que estas cifras aparecían intencionadamente infladas.

Vecinos afectados

Además, OHL también parece tener cuentas pendientes con un grupo de ciudadanos afectados por la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, que dicen haber sufrido daños estructurales en sus viviendas, próximas a la autopista, a consecuencia de las obras.

Se trata de unas 3.500 familias que reclaman a la compañía española indemnizaciones por valor de 350 millones de pesos mexicanos (algo más de 20 millones de euros al cambio).

A raíz de la publicación de las citadas conversaciones, la situación en OHL en México se ha ido complicando por momentos. La compañía ya ha visto como se quedaba fuera de algunos importantes contratos licitados por la Administración azteca coincidiendo con el escándalo.

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