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'Caso Street View': la juez rechaza hurgar más en la herida de Google

En un auto notificado hace unos días, prefiere no buscar más pruebas de investigación para saber si la empresa californiana espió de forma voluntaria las señales wifi en España mientras recorría el país con sus coches. La acusación considera que el programa para capturar datos se hizo a propósito.

El presidente de Google, Eric Schmidt, el pasado viernes 10 en Madrid
El presidente de Google, Eric Schmidt, el pasado viernes 10 en Madrid efe

El 'caso Street View', que hace cuatro años supuso que en España se hiciera la primera citación a Google para que explicara qué grababa con sus coches, avanza otro peldaño. La juez del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, Raquel Fernandino, dictó el pasado 9 de octubre un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que rechaza practicar nuevas diligencias de investigación, tal y como había pedido la acusación particular. Sin embargo, pone en manos de la acusación que aporte las pruebas necesarias, si las encuentra, y en caso contrario que se pase al juicio oral sin "necesidad de dilatar más la fase instructora".

El pasado 22 de septiembre, Bárbara Navarro, directora de Relaciones Internacionales de Google, acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por este caso en calidad de imputada como representante legal de la compañía en España. Allí, aseguró que los datos se captaron "por error" y además "no eran legibles" porque estaban en código binario. Esta es la línea de defensa del buscador, que ya ha manifestado en anteriores ocasiones que "lo que ocurrió por error es que se captaron fragmentos de segundos de conversaciones que se utilizaron para el geoposicionamiento móvil". Un error de la empresa que ya está "resuelto en otros países" pero que en España sigue su curso, aunque según expertos jurídicos consultados por Efe no tiene mucho recorrido pues es muy difícil observar intención dolosa.

La acusación insiste en el dolo

La acusación considera que no hubo error informático sino un código programado a propósito para capturar datos

Por su parte, la acusación de la que forma parte Miguel Ángel Gallardo y la asociación Apedanica ya ha presentado su recurso de reforma contra el auto que les fue notificado el día 14. En este recurso se asegura que la juez les ha denegado "dos simples, claras y pertinentes diligencias" ya que, según su criterio, el robo de las contraseñas, reconocido por la compañía, no se debe a un error informático. "Si la Fiscalía considera que se trata de un error, ese mismo argumento podría servir para la exculpación automática de gran número de delitos informáticos en los que la misma Fiscalía sí imputa delitos. Los errores no contienen código dolosamente programado para capturar datos, ni los ejecutan docenas de conductores bien entrenados para ello, ni se almacenan en cientos de discos, con datos secretos de miles de redes inalámbricas wifi privadas".

Dado que la imputada en nombre de Google, Bárbara Navarro, aseguró no saber nada de los hechos presuntamente delictivos, desde la acusación han pedido la comparecencia de Isabel Aguilera, que abandonó la compañía en 2008, y Bernardo Hernández, que eran responsables de la compañía en esas fechas. De igual modo, solicita otra comparecencia más: la de Blanca Salvatierra, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que fue "autora de artículo citado en la denuncia inicial" cuando trabajaba en el diario Público, y que actualmente es la jefa de prensa de la AEPD.


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