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Cañete avala un gasoducto de Goldman Sachs que invadirá un humedal protegido

Albufera de Mallorca.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acaba de dar su visto bueno a la construcción de un gasoducto de 45,6 kilómetros de longitud en la isla de Mallorca cuyo trazado afectará, en su parte final, a una zona protegida de la isla, el humedal de S'Albufera de Mallorca. El área, considerada de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y declarada Parque Natural en 1988, está incluida en el Convenio de Ramsar (un tratado intergubernamental ratificado por España que protege humedales de importancia internacional) y está reconocida por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e integrante de la Red Natura 2000.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos ha emitido Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la infraestructura, con algunas condiciones, pese a que discurrirá por una zona de “gran importancia para la invernada de aves acuáticas (con poblaciones que superan los 20.000 ejemplares)”, según el ministerio de Miguel Arias Cañete, que destaca que S’Albufera es un área “altamente vulnerable y que, en tiempos recientes, ha sufrido una gran reducción de su superficie”.

El promotor del gasoducto es Endesa Gas Transportista, que, pese a lo que podría indicar su nombre, está controlada por Goldman Sachs, que hace tres años compró el 80% del capital de esa empresa a Endesa (el 20% restante sigue en manos de la eléctrica, que no participa en su gestión). Fuentes próximas al banco de inversión estadounidense señalan, no obstante, que la empresa, con la que no fue posible contactar, “no es del banco”, sino de un fondo de capital riesgo perteneciente al mismo.

La tubería, de diez pulgadas de diámetro, cruzará prácticamente toda la isla, desde Son Reus (en el sur) hasta Alcudia, para abastecer a una central térmica de Endesa en esa localidad. Su construcción requerirá la apertura de una pista de diez metros de ancho y se justifica, según su promotora, por el “incremento de la demanda para el uso de gas natural, que quedaría insatisfecho en el caso de no ejecutarse la obra”.

El proyecto inicial incluía como condicionante el de “evitar espacios de la Red Natura 2000”, pero Agricultura ha autorizado finalmente un trazado que, dice la promotora, afectará sólo “tangencialmente” a esa zona protegida.

Como primera condición al proyecto, Medio Ambiente ha dispuesto que “en los tramos en los que se atraviesen espacios de la Red Natura 2000 se elaborará y ejecutará un proyecto de medidas de fomento de los valores ambientales de dichos espacios que será consensuado con el organismo ambiental competente en la materia del Gobierno de las Islas Baleares”.

Durante la tramitación del expediente, la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería balear de Medio Ambiente advirtió de que “el proyecto podría tener repercusiones significativas sobre las especies y hábitats de interés comunitario, y por tanto sobre la Red Natura 2000 de las Islas Baleares” y reclamó “una evaluación de sus repercusiones ambientales concretas y específicas”.

Más crítico aún fue el Departamento de Urbanismo y Territorio del Consell de Mallorca, que subrayó que “el trazado propuesto afecta a al LIC S’Albufera de Mallorca, lo que está prohibido por el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears”.

Por su parte, ni WWF, ni la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), ni Ecologistas en Acción ni el Grupo Ornitológico Balear (GOB) hicieron observaciones al proyecto.

Fuentes del ministerio recalcan que, en este tipo de proyectos, “con carácter general, siempre, en primer lugar, se trata de evitar que cualquier infraestructura atraviese espacios protegidos”, aunque, “lógicamente, hay infraestructuras de servicios básicos que deben atender demandas de núcleos de población (agua, gas, luz...) que pueden estar ubicados o cercanos a espacios con algún tipo de protección ambiental”.  Ahora, señalan, el que tiene que mover ficha es el promotor del proyecto, que deberá “valorar los condicionantes”, según Medio Ambiente, para decidir si lleva a cabo la infraestructura, que fue incluida en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016.

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