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La Generalitat teme que los socios de Agbar no inviertan si se quedan con la empresa de aguas ATLL

La Generalitat constata que en caso de quitar a Acciona la adjudicación de la empresa de aguas ATLL para dársela a Agbar, la oferta de esta última no cuenta con el compromiso de inversión de sus dos principales socios, First State e INVI Holding, pese a que controlan el 63% del consorcio.

El consejero de Territorio, Santi Villa, junto a Artur Mas.
El consejero de Territorio, Santi Villa, junto a Artur Mas. EFE

La Mesa de Contratación convocada por la Generalitat catalana para revisar la adjudicación de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) a Acciona dispone de los documentos que atestiguan que la otra oferta en liza, la que lideró Aguas de Barcelona (Agbar), acudió al proceso sin el compromiso de sus dos principales socios para invertir.

First State Atoll Sarl e INVI Holding Sarl, que en conjunto sumaban el 63% del capital del consorcio que lideró Agbar con un 25%, aportaron sendos documentos a la oferta en los que avisaban de que su participación en el proyecto no era vinculante y estaba "pendiente de la aprobación definitiva de nuestros órganos internos de decisión".

De hecho, First State Atoll, instrumental holandesa controlada por el fondo australiano del mismo nombre, en su declaración firmada dirigida a la Generalitat, avisaba de que "estamos trabajando para concluir la estructura de nuestra potencial inversión y para completar todos nuestros procesos internos de autorización con el objetivo de obtener la aprobación definitiva para el proyecto en los próximos días".

La declaración está sellada el 4 de octubre de 2012, en los días previos a la presentación de la oferta de Agbar para hacerse con ATLL, y en ella se aclara que "con el fin de evitar dudas, esta declaración no está destinada a ser jurídicamente vinculante y representa meramente nuestra intención actual".

"Con el fin de evitar dudas, esta declaración no está destinada a ser jurídicamente vinculante y representa meramente nuestra intención actual", avisó First State a la Generalitat

No le fue a la zaga la carta enviada por su socio INVI, sociedad radicada en Luxemburgo pero controlada por la canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Después de advertir de que aún no se contaba con la aprobación interna para el compromiso de inversión, la carta avisaba: "esta declaración no puede ser interpretada ni como una oferta vinculante ni como un compromiso de aportar esta oferta vinculante".

Según la documentación que obra en poder de la Mesa de Contratación catalana, ni First State ni INVI Holding firmaron los compromisos de acreditación de solvencia ni de suscripción de pólizas de seguro ni otros documentos exigidos en la oferta, que sí firmaron los otros seis miembros del consorcio. En primer lugar, Agbar, con un 25%, además de sus socios minoritarios (Aigües de Terrassa, Aigües de Sabadell y las constructoras Acsa, Copisa y Calaf), que aglutinaban en conjunto un 12% del capital.

Ninguno de los dos inversores firmó los compromisos de acreditación de solvencia y suscripción de pólizas de seguro, algo que sí tuvieron que hacer Agbar y los otros cinco socios españoles

Junto a ellos, pero sin compromisos, aparecían First State, con un 33%, e INVI, con un 30%, sumando los dos un 63%.

Lo que sí recoge la memoria económica de la oferta es que en caso de ser adjudicataria, los dos socios inversores procederían a realizar una aportación de fondos al consorcio de 53 y 48 millones de euros, respectivamente, en caso de que ambos obtuvieran las autorizaciones internas pertinentes.

También se dice en esta memoria que tanto First como INVI "son empresas financieras que aportarán su reconocida experiencia en el mercado financiero internacional".

Posteriormente, la memoria económica del consorcio de Agbar fue presentada a la licitación con la firma de los seis socios españoles, pero en ningún momento por los dos inversores internacionales, que tampoco suscribieron el compromiso de licitación y de constitución de la compañía, según la documentación que obra en poder de la Mesa de Contratación.

La documentación que obra en poder de la Mesa de Contratación constata que tanto Acciona como Agbar incurrieron en los mismos vicios al alterar el calendario de obras

Será este organismo, que fue el que adjudicó a Acciona el 100% de ATLL a finales de 2012, el que durante el mes de enero analice, de nuevo, toda la documentación del proceso, que se ha enquistado en un proceso judicial que ya supera los dos años.

Agbar impugnó la adjudicación en noviembre de ese año y el 2 de enero de 2013, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) revocó la adjudicación a Acciona. El propio Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelares que pidieron tanto la Generalitat como Acciona para que la resolución del OARCC no entrase en vigor y se mantuviera al adjudicatario.

A la vista el enquistamiento del proceso y cuando aún el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha dictado sentencia alguna sobre el fondo de la cuestión (si la adjudicación fue o no acorde a derecho), el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santiago Vila, ha decidido convocar de urgencia la Mesa de Contratación, para dirimir de una vez el conflicto.

La Generalitat teme que si le quita la adjudicación a Acciona para dársela a Agbar se incurrirá en el mismo error que hace dos años y además no hay garantía alguna de que First e INVI inviertan en ATLL

Vila era partidario en un primer momento de cumplir con el OARCC, quitar la adjudicación a Acciona y dársela al segundo licitante, Agbar, pero tras el análisis de la documentación se ha constatado que la oferta perdedora ha incurrido, cuanto menos, en los mismos errores y vicios que la oferta ganadora (alteración del calendario de las obras previstas).

Adicionalmente, la Generalitat teme que ninguno de los dos socios internacionales de la oferta de Agbar se comprometa ahora a invertir en el proceso, pasados ya dos años y cuando ni siquiera sellaron ese compromiso en el proceso de licitación.

Así las cosas, el Gobierno de Artur Mas podría verse obligado a convocar otro concurso para adjudicar nuevamente ATLL, pero tendrían que afrontar previamente el pago de una indemnización de Acciona por la revocación de su contrato. Esta compensación podría superar los 700 millones de euros si se incluye el lucro cesante de la concesión por 50 años, pago que las arcas de la Generalitat no podría afrontar.

La tercera vía para solventar el problema sería la que defiende la Consejería de Economía de Andreu Mas-Colell, también representada en la Mesa de Contratación, que es partidaria de esperar a que el TSJC resuelva el fondo del asunto para proceder posteriormente en consecuencia, un proceso cuya duración se estima entre 6 y 8 meses.


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