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El hombre de Florentino en el Castor declara como imputado por ocultar los riesgos sísmicos

Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la filial de ACS que inyectó en el Castor el gas que provocó más de 500 terremotos, declarará este lunes como imputado por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El juez acusa a todo el consejo de esta sociedad de no suspender las operaciones pese a la cadena de seísmos que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 2013.

Plataforma de perforación del almacén de gas Castor, ubicada 30 kilómetros mar adentro frente a las costas de Vinaroz.
Plataforma de perforación del almacén de gas Castor, ubicada 30 kilómetros mar adentro frente a las costas de Vinaroz. EFE

La Fiscalía cree que el hombre puesto por Florentino Pérez al frente de la sociedad adjudicataria del Castor, de la que ACS controla un 66%, y su consejo de administración mantuvieron las inyecciones de gas colchón en el almacén subterráneo desde el 2 al 17 de septiembre de 2013, pese a que había claras evidencias de que estas operaciones podrían ser las causantes de los terremotos que comenzaron a producirse en la zona.

El Observatorio del Ebro detectó que los seísmos, algunos de ellos de una intensidad de 4,2 en la escala Richter, estaban siendo provocados por las inyecciones de gas. Según la Fiscalía de Castellón, Escal UGS era “conocedora de los riesgos inherentes a la actividad” que desarrollaba, pero no suspendió las operaciones, propiciando así la cadena de más de 500 terremotos.

Según la Fiscalía, la filial de ACS era "conocedora de los riesgos inherentes a la actividad", pero "hizo caso omiso" a las alertas del Observatorio y siguió inyectando gas

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaroz (Castellón) tomará declaración a Del Potro el próximo lunes. En calidad de imputado, el directivo tendrá que dar explicaciones de por qué no aportó ningún informe sobre la sismicidad de la zona en el estudio de impacto ambiental del proyecto.

Se da la circunstancia de que el Instituto Geológico y Minero, que cuenta también con cuatro responsables imputados, tampoco consideró necesario la aportación de informes sobre riesgos sísmicos, pese a que el Observatorio del Ebro ya había alertado en 2005 de que la zona era susceptible de verse afectada por terremotos provocados por causas externas.

El juez quiere saber por qué la sociedad Escal quiso terminar con la tercera fase de inyección de gas pese a que los seísmos ya se estaban produciendo, “haciendo caso omiso a las advertencias efectuadas directamente por el Observatorio del Ebro”, según consta en el auto.

El propio Del Potro reconoció ante el Consell Valenciano de Cultura que la inyección de gas en el almacén subterráneo pudo haber “forzado”  los seísmos en la zona.

Además del presidente de Escal, durante la semana próxima desfilarán ante el juez, también como imputados, los miembros del consejo de administración de la compañía José Luis Martínez Dalmau, José Alfonso Nebrera, Óscar Manuel Yunta, Juan Cristóbal González y Ramón Jiménez.

En total hay 18 imputados en el caso Castor. El almacén está en proceso de hibernación por parte de Enagás, después de que ACS haya devuelto al Estado la licencia de operación y se haya embolsado una indemnización de 1.350 millones de euros.


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