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Florentino se llevó el sí de los bonistas a Lima para 'venderle' a Soraya su solución al Castor

Consiguió en tiempo récord el plácet para presentar la renuncia a la concesión el 18 de julio y estuvo con la vicepresidenta la mañana del domingo 20 en Lima, tratando de 'colocarle' su plan para cobrar la indemnización.

Florentino Pérez, presidente de ACS, y Soraya Sáenz de Santamaría, juntos el domingo pasado en Lima.
Florentino Pérez, presidente de ACS, y Soraya Sáenz de Santamaría, juntos el domingo pasado en Lima.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha tocado todos los palos posibles en el Gobierno para abonar el terreno a la devolución de la concesión del Castor y al posterior cobro de la indemnización. Ha visitado en varias ocasiones al ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue el que ordenó el cierre temporal del almacén subterráneo y en cuyo Ministerio ha presentado el escrito de renuncia a la concesión. También se ha visto con el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y con su hermano, Álvaro, jefe de la Oficina Económica de Moncloa.

Pero faltaba alguien con más mando en plaza a quien presentar su plan para cobrar la indemnización de en torno a 1.600 millones de euros que pide por el cierre del Castor. El presidente del grupo que controla el 66,7% de Escal, compañía concesionaria de la explotación del almacén de gas submarino, ha aprovechado su viaje a Lima para presentar el proyecto para construir la línea 2 del metro de la capital peruana para acercarse a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y venderle el 'pack' completo para solventar el problema del almacén que en septiembre provocó más de 500 terremotos frente a las costas del norte de Castellón.

Florentino Pérez ha jugado bien sus bazas. Nada más saber que la vicepresidenta preparaba el viaje oficial a Perú y Chile, puso en marcha toda la maquinaria para conseguir que los tenedores de los bonos que, por valor de 1.400 millones, han servido para financiar la construcción del Castor dieran el 'sí' a la propuesta de devolución al Estado de la concesión de explotación del almacén.

El viaje a Lima de Soraya con ACS y FCC precipitó el acuerdo de Florentino con los bonistas para que la vicepresidenta fuera informada de que todo el proceso ya está en marcha

Sin el plácet del Banco Europeo de Inversiones (BEI), principal financiador del proyecto, y de la asamblea de bonistas, la solicitud de renuncia no podía ser presentada ante Industria. Pero Florentino consiguió, en tiempo récord, el apoyo de todos ellos y el mismo viernes 18 de julio, Escal presentó el escrito de renuncia.

Se activaba así el proceso justo el día antes de que Florentino Pérez iniciara su viaje a Lima para asistir, a primera hora del domingo, a un desayuno presidido por la vicepresidenta con una representación de las empresas españolas que trabajan en Perú.

Flanqueando a la 'número dos' del Gobierno se encontraban Pérez y Juan Béjar, consejero delegado de FCC, empresa que junto a ACS está desarrollando la obra. El presidente del Real Madrid llevaba bajo el brazo el plan recién puesto en marcha para presentárselo a Sáenz de Santamaría.

Tras el desayuno, la comitiva visitó las oficinas conjuntas de las dos empresas para dirigir las obras. Fue ahí donde, según algunos de los asistentes, Florentino Pérez intentó varias veces tener un aparte con la vicepresidenta, que no se mostró muy predispuesta. No ha trascendido si el dueño del Castor pudo trasladar a Soraya su propuesta, con el objetivo de que el Gobierno acelere, en lo posible, la resolución del proceso.

Florentino estuvo toda la mañana del domingo con la vicepresidenta del Gobierno en dos actos en Lima

Pérez no quiere que la solución definitiva al Castor y su más que previsible cierre definitivo se demore en el tiempo y no se solvente antes del fin de la legislatura, previsto para noviembre de 2015. "Sería letal para ACS que un nuevo Gobierno, sea del color que sea, tenga que afrontar la dura decisión de conceder una indemnización de más de 1.600 millones al propietario de un proyecto que ha sido tan polémico y que no se ha llegado a poner en marcha comercialmente", afirma una fuente del sector energético.

Pero el proceso parece largo. Escal ya ha pedido la devolución de la concesión, pero Industria está a la espera de que lleguen sendos informes de las universidades estadounidenses de Stanford y del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

ACS quiere que el Gobierno se comprometa a pagarle la indemnización antes de que acabe la legislatura y que la posible judicialización del proceso no le afecte

Estos no estarán terminados hasta 2015. También esperan Industria y el Gobierno el informe final de la Fiscalía de Castellón sobre las posibles responsabilidades de Escal en los terremotos, tras la inyección de gas colchón que, según los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Geólogico y Minero, son los causantes del despertar de la falla Castor y de los seísmos. Si se judicializa el caso, Escal podría tener que afrontar responsabilidades penales y ACS podría tardar años en cobrar esa indemnización.

También queda por definir cuál ha sido el coste final del proyecto, que empezó con un presupuesto inicial de 700 millones y acabó por encima de los 1.700 millones, casi 2,5 veces más. ACS, por ley y con el respaldo del Tribunal Supremo, tiene derecho al valor neto contable del proyecto.

Industria no moverá ni un dedo hasta que estén los dos informes sobre los terremotos pedidos a dos universidades de EEUU y la Fiscalía presente su informe definitivo

Escal tenía reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

Y la decisión más difícil está por llegar, porque el Ejecutivo tiene que decidir cómo se abona a Florentino la multimillonaria indemnización. Soria y Nadal están enfrentados por ello: el ministro apuesta por cargarlo a los peajes del gas, lo que en román paladino significa que lo pagarán los consumidores a través del recibo; su 'número dos' afirma que los consumidores no tendrán que pagar ni un euro.


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