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Florentino cobra y se va: Enagás toma las riendas del Castor

Un equipo de técnicos de Enagás toma las riendas de la plataforma Castor, tras la salida de los hombres de Florentino, y prepará las instalaciones para su hibernación.

Plataforma del Castor.
Plataforma del Castor. EFE

El almacén de gas subterráneo Castor ya está en manos de Enagás, el operador del sistema gasista español. Un equipo de cuatro técnicos de la compañía presidida por Antonio Llardén está ahora al mando de unas instalaciones que ya han abandonado los trabajadores de Escal UGS, la filial de ACS que construyó la infraestructura y tenía su licencia de explotación.

La compañía que controla Florentino Pérez ya se ha embolsado, vía decreto del Consejo de Ministros, los 1.350 millones de euros de indemnización y, tras devolver su autorización de explotación, ha abandonado la plataforma que en septiembre del pasado año provocó más de 500 terremotos frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Ahora, el Castor es responsabilidad de la dirección de almacenamientos de Enagás, que estos días analiza pieza por pieza el funcionamiento del reservorio ubicado bajo las aguas del Mediterráneo para comprobar que su antiguos responsables lo han dejado en perfecto estado.

Según las fuentes consultadas, Enagás ha subcontratado a la empresa Ayesa para realizar la revisión técnica de la instalación, con el objetivo de elaborar un informe detallado que permita diseñar el plan de hibernación y mantenimiento de la instalación.

Enagás ha subcontratado a Ayesa y a Lloyd's para elaborar los informes técnicos sobre la situación del Castor, que entregará a Industria en febrero 

"El informe tendrá que estar listo en febrero y será entregado al Ministerio de Industria, con una propuesta concreta del coste de la puesta en hibernación de la instalación. Será el Gobierno el que tendrá que decidir en un futuro si lo mantiene hibernado, decide cerrarlo definitivamente y proceder a su desmantelamiento o, en su caso, lo pone de nuevo en servicio", señalan estas fuentes.

Enagás ha contratado a la empresa británica Llloyd's, especializada en certificar las plataformas 'offshore' del Mar del Norte, para que verifique el plan de hibernación del almacén. En paralelo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) elaborará un informe sobre los riesgos sísmicos del almacén en caso de volver a entrar en funcionamiento.

Por su parte, Industria también está a la espera de que dos universidades internacionales concluyan sendos estudios sobre la plataforma y su viabilidad futura, después de que la inyección de gas colchón previa a su puesta en operación comercial provocará la avalancha de seísmos.

Enagás ni sacará el gas introducido en septiembre pasado ni inyectará más. Se limitará a sellar completamente el almacén y mantener la seguridad, minimizando sus riesgos tanto sísmicos como de posibles fugas de gas. Por su trabajo de vigilancia y mantenimiento, el operador gasista pasará una factura anual a Industria, que la cargará al sistema al igual que ha hecho con los 1.350 millones de euros que se ha llevado ACS, que lo pagarán todos los consumidores de gas durante los próximos 30 años.

El operador gasista diseñará un plan de hibernación y garantizará la seguridad de la plataforma hasta que el Gobierno decida, en un futuro, qué hacer con ella

Precisamente, la Generalitat catalana ha acudido a la Unión Europea y también lo hará ante el Tribunal Constitucional para denunciar el cobro de esta indemnización por parte del grupo de Florentino Pérez. Los seísmos de hace un año también afectaron a la parte sur de Tarragona, en el área de las Tierras del Ebro y desde entonces el Ejecutivo catalán se ha mostrado muy combativo con la gestión del problema por parte del Gobierno central y, más en concreto, con la legislación a la carta que ha permitido la airosa salida del accionista de control del Castor, ACS, que a través de su 66,7% del capital de Escal UGS, gestionaba la plataforma.

También la Fiscalía de Castellón ha pasado al ataque, tras finalizar la instrucción del caso, elaborando una denuncia por presuntos delitos de prevaricación medioambiental contra la cúpula directiva de la filial de ACS. Asimismo, el Ministerio público acusa a varios responsables de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente del último Gobierno de Zapatero, que fue el que allanó el terreno a Escal UGS para construir y explotar el Castor.


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