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Un juez admite a trámite una demanda contra Florentino por fraude y falseamiento de las cuentas de ACS

El Juzgado de lo Mercantil Número 4 de Madrid ha admitido a trámite, con fecha 16 de septiembre, la demanda de Tomás Peña, ex directivo y accionista de ACS, contra Florentino Pérez y su consejo de administración por un presunto delito de fraude y falseamiento en las cuentas de 2012.

Florentino Pérez y todo el consejo, en una junta de accionistas de ACS.
Florentino Pérez y todo el consejo, en una junta de accionistas de ACS.

El grupo ACS y sus gestores tendrán que rendir cuentas ante el Juzgado de los Mercantil Número 4 de Madrid por un presunto delito de fraude contable y falseamiento en las cuentas correspondientes al ejercicio 2012.

Este Juzgado ha admitido a trámite, con fecha 16 de septiembre, la demanda de Tomás Peña, ex directivo de Dragados, filial de ACS, y a la vez accionista de la compañía, contra su presidente, Florentino Pérez, y su consejo de administración por presuntamente "haber elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2012 con numerosas infracciones de la vigente normativa jurídico-contable y no mostrarse, en esas cuentas, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ACS", según recoge el texto de la demanda al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El escrito se centra en "dos grandes grupos de irregularidades", que a juicio del demandante han cometido los gestores de ACS. Por un lado, el no haber consolidado en las cuentas del grupo en 2012 el pasivo de 1.614 millones de euros correspondiente a Escal, la filial de ACS que tenía la concesión del almacén de gas Castor, concesión que ha sido revertida al Estado recientemente.

Y en segundo lugar, el hecho de seguir contabilizando como "activos no corrientes mantenidos para la venta" unos activos que puso en venta hace más de 24 meses y que, en su mayoría, no ha conseguido enajenar.

Estos activos, esencialmente de energías renovables, están valorados en más de 5.000 millones de euros y cuentan con un pasivo asociado de 3.500 millones de euros.

Según la demanda, ambas irregularidades contravienen la normativa vigente y pueden suponer un delito de fraude contable y manipulación de las cuentas que habrían provocado que ACS no muestre "la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados" correspondientes a 2012.

Las cuentas de 2012 no recogen ni el pasivo del Castor (1.600 millones) ni el de los activos en venta (3.500 millones), minorando en el balance una deuda total de 5.100 millones

Florentino Pérez y su equipo de gestión, con el respaldo del consejo de administración, siguen manteniendo fuera de balance esos dos grandes pasivos pese a que, según el demandante, deberían ser contabilizados como tales en las cuentas, con lo que ACS se quita de un plumazo unos 5.100 millones de euros en deuda, mostrando una imagen del patrimonio y la situación financiera del grupo que no se corresponde con la realidad.

El objetivo que persigue el grupo, según el texto admitido a trámite, es "reflejar una situación de menor apalancamiento que la real".

Escal no es una "simple sociedad asociada, como pretende ACS", sino que es una "sociedad dependiente y debe ser consolidada por el método de integración global que es lo exigido por la normativa contable para este tipo de sociedades", señala el texto. Al no considerar dependiente a la sociedad que incurrió en la deuda para construir el Castor y decir que no tiene el control de ella pese a poseer un 66% del accionariado, ACS no registra en sus cuentas ese endeudamiento, concluye.

En lo referente a los activos en venta (parques eólicos, plantas termosolares, SPL, aeropuertos de Hochtief…), la mayoría de ellos están listos para ser desinvertidos desde 2010, pero la normativa vigente sólo permite a las sociedades mantener fuera de balance por un plazo de 12 meses la deuda de esos activos que prevé vender.

ACS afirma que no cargó a su balance la deuda de Escal (Castor) porque no tiene el control de la sociedad, pese a poseer el 66,6% de sus acciones

Si no es así, las compañías están obligadas a retornar a su situación anterior a esos activos, a no ser que haya una "alta probabilidad de venta". Según la demanda, en el ejercicio 2012, después de más de dos años en venta, esos activos siguen en situación de "mantenidos para la venta", consiguiendo "enajenar" sólo entre el 10% y el 20% de ellos, situación que es contraria a la ley.

De hecho, el punto 6 de la demanda recuerda que "la propia CNMV realizó un requerimiento a ACS, en diciembre de 2013, en relación con la revisión de las cuentas anuales de 2012 para que justifique, entre otros, los motivos por los cuales no se considera que el Grupo ACS ejerza el control sobre Escal, a pesar de mantener una participación del 66,67%; y los motivos para seguir clasificando determinados activos como mantenidos para la venta a pesar de haber transcurrido más de 12 meses sin que se haya producido su venta".

Por todo ello, Tomás Peña, en su demanda, pide al Juzgado que "declare la nulidad de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta General de mayo de 2013: aprobación de las cuentas así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, tanto de la Sociedad como del Grupo del que ésta es dominante; y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012".

Asimismo, reclama que se obligue a los gestores a reformular las cuentas de ese año y a que sean, de nuevo, depositadas en el Registro Mercantil para dar una imagen fiel de la situación del grupo.


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