La chapuza de la obra civil: un 2% más de inversión en estudios ahorraría 1.000 millones al año

A pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, los ingenieros han vuelto a alzar la voz para reclamar mayores inversiones en su sector. Pero, en este caso, lo han hecho con los números por delante. De acuerdo con cálculos elaborados por la patronal Fidex, un incremento de apenas dos puntos porcentuales en la inversión en estudios de ingeniería en los proyectos de obra civil generaría un ahorro de 1.000 millones de euros al año, especialmente por lo que se evitaría en concepto de sobrecostes.

Fidex destaca que en España tan sólo se destina un 5% de la inversión total de una obra en estudios de ingeniería de proyecto. Esta cifra es propia de países en vías de desarrollo pero ni siquiera se aproxima a la de los de nuestro entorno. De hecho, se queda justamente en la mitad.

El director general de Fidex, Fernando Argüello, señala que con incrementar un par de puntos porcentuales esta inversión se obtendría un ahorro superior al 20% en los costes, lo que se traduciría en términos absolutos en unos 1.000 millones de euros al año. Con estas cifras se facilitaría enormemente la labor de las Administraciones Públicas para cumplir con los objetivos de déficit para España.

La patronal de las ingenierías también sostiene que incrementar la inversión en su sector repercutiría de forma notable en la generación de empleo. Según Fidex, cada millón de euros que se destina a estudios de ingeniería crea aproximadamente 14 puestos de trabajo adicionales; en cambio, la inversión de esa misma cantidad en la construcción tan sólo genera entre dos y cuatro nuevos empleos.

Demasiado peso en el precio

El problema de la escasa inversión en ingeniería también llega en forma de imagen. Los tristemente célebres sobrecostes minan la imagen de los profesionales españoles del sector, cuya formación y talento es reconocido en el exterior de forma notable.

A la hora de mirar hacia las Administraciones Públicas, Fidex destaca que algunas de ellas conceden una importancia ínfima a la calidad de los proyectos de obra pública, mientras que en el precio es prácticamente el único factor que se tiene en cuenta. De entre todas, destaca la Comunidad de Madrid, donde el precio es prácticamente la única variable que se tiene en cuenta a la hora de adjudicar el proyecto.

Organismos como la Dirección General de Ferrocarriles y la Dirección General de Carreteras, dependientes del Ministerio de Fomento, otorgan un peso del 70% al precio a la hora de valorar las ofertas para sus licitaciones. En los casos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Acuamed y la Dirección General del Agua, la cifra se va hasta el 75% e incluso el 80%.