ASÍ LO DICTA EL BORRADOR SOBRE “RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA”

Trabajo obligará a las empresas a retratarse si despiden: deberán publicar un “informe de políticas de creación y mantenimiento del empleo”

El Gobierno quiere sacar los colores a las empresas que despidan. Para ello, la nueva Ley de Responsabilidad Social de las Empresas que ultima el ministerio de Trabajo obligará a las compañías a publicar un informe sobre sus “políticas de creación y mantenimiento del empleo” que deberán remitir al Ejecutivo y colgar en una web oficial específica.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ultima la nueva norma de Responsabilidad Social de la Empresa
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ultima la nueva norma de Responsabilidad Social de la Empresa EFE

El Gobierno quiere que las empresas que despidan paguen una factura en su reputación. Es el objetivo del la nueva Ley de Responsabilidad Social de las Empresas que ultima el ministerio de Trabajo. Según el borrador fechado el pasado 29 de abril, el Ejecutivo pretende obligar a las grandes empresas del IBEX a que adopten una serie de medidas de compromiso con la conservación de puestos de trabajo entre las que destaca la publicación de un informe sobre sus “políticas de creación y mantenimiento del empleo”.

El Gobierno apuesta por hacer públicos los datos de contratación y despidos para "facilitar la identificación y divulgación de prácticas responsables y medidas innovadoras”

El Ejecutivo pretende centralizar la información de las grandes empresas en lo que define como “un espacio web accesible especializado en Responsabilidad Social de la Empresa (RSE)”. Se trata de una página web a la que todas las grandes empresas deberán remitir sus memorias corporativas para “facilitar la identificación y divulgación de prácticas responsables y medidas innovadoras”. El objetivo, según el ministerio de Empleo, es que esa página sirva de catálogo o “repositorio de libre acceso a los informes de RSE”.

Entre las conductas que el ministerio de Empleo recomienda a las empresas figura el establecimiento de “nuevos incentivos para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social en empresas ordinarias”. Según el borrador del Gobierno, el informe de creación y mantenimiento del empleo se incluirá en las memorias de Responsabilidad Social Corporativa cuya publicación ya viene determinada por ley a día de hoy.

El coste en reputación frente al coste económico

El documento del Ejecutivo apuesta por un coste en la reputación frente al coste económico de los despidos que regía antes de la reforma laboral. Aunque técnicamente la legislación penaliza los despidos en las empresas que presentan beneficios, la última reforma legal permite a las grandes compañías justificar esos despidos por divisiones. Así, si una división de la empresa registra números rojos, la ley permite los despidos colectivos más baratos aunque la matriz tenga beneficios.

El Gobierno apuesta ahora por que esas prácticas tengan un coste de imagen “fomentando” la inclusión en los informes de gobierno corporativo de las políticas de empleo y centralizando esa información en una web oficial.

Una batería de recomendaciones sin mandamiento

El resto de la estrategia RSE del Ejecutivo incluye una batería de recomendaciones sin más desarrollo legal. Así sucede en cuestiones como la llamada "inversión socialmente responsable, la ingeniería fiscal o

  • El Ejecutivo ha reiterado hasta la saciedad su afán por controlar la llamada “ingeniería fiscal” por la que las grandes multinacionales pagan menos impuestos de los que marca la ley jugando con las legislaciones de varios países a conveniencia. Sin embargo, el documento que desarrolla la llamada “estrategia española de responsabilidad social de las empresas”, el Gobierno limita su actuación a “promover” y a “fomentar la fiscalidad responsable en las organizaciones”, asegurando que “el objeto es promover una actuación fiscal ejemplar” mediante “acciones de comunicación y sensibilización”.
  • Igualmente, en materia de inversiones de riesgo y productos derivados, el Ejecutivo apuesta por "el seguimiento de criterios éticos en las políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores".

En las 72 páginas del documento no se menciona la posibilidad de sanciones o multas por conductas poco éticas en ningún momento.


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