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FCC se plantea impugnar la adjudicación de la portuguesa EGF al consorcio de Mota y ACS

El Gobierno luso culminó la privatización de EGF con su adjudicación al grupo liderado por la local Mota. La impugnación podría basarse en presuntas irregularidades del ganador como tener un aval del Estado para uno de los bancos que financió la oferta.

Juan Béjar, consejero delegado de FCC, junto a la presidenta, Esther Alcocer Koplowitz
Juan Béjar, consejero delegado de FCC, junto a la presidenta, Esther Alcocer Koplowitz

La privatización de la compañía pública portuguesa de servicios EGF traerá cola. Este jueves, el Gobierno luso decidía en consejo de ministros la adjudicación de la empresa al consorcio Suma, formado por la local Mota-Engil y Urbaser, la filial de servicios urbanos de ACS, en detrimento de FCC, que instó en vano a poner en marcha una subasta dado la similitud de las ofertas en lo económico. Ahora, la compañía controlada por Esther Koplowitz estudia impugnar la decisión del Gobierno portugués.

La compañía está analizando en profundidad la decisión adoptada por el Ejecutivo luso y aún no tiene tomada la decisión. No obstante, de hacerlo se basará en presuntas irregularidades contenidas en la oferta del consorcio ganador.

Entre ellas figuraría el hecho de que uno de los bancos que ha financiado al consorcio Suma (en concreto el Banco Internacional de Crédito) habría exigido como condición contar con un aval del Estado para garantizar los fondos que aportaba a la oferta, lo que le fue concedido. Un extremo que figuraba como prohibido en los pliegos de condiciones de la privatización.

La polémica llegó al proceso de privatización de la Empresa Geral de Fomento (EGF), que cuenta con una cuota del 60% en el sector de servicios urbanos en Portugal, cuando se desvelaron las ofertas de los candidatos. La más elevada era la del consorcio Suma, que ofreció algo más de 149 millones de euros. Mientras, la oferta de FCC era un 3% más baja, aunque superaba a la del consorcio hispano-portugués en aspectos como el medioambiental y el de recursos humanos.

Subasta frustrada

Ante la escasa diferencia en los precios de las ofertas, FCC propuso llevar a cabo una subasta entre los dos aspirantes para determinar el vencedor final, un proceso que haría ingresar más dinero al Gobierno portugués. La compañía española contaba, además, con el apoyo de los ayuntamientos que tienen parte del negocio de EGF.

La compañía controlada por Esther Koplowitz estudia impugnar la decisión del Gobierno portugués

La tensión se incrementó en el plazo de alegaciones. Ambos contendientes presentaron las suyas en las que solicitaban la expulsión del proceso del adversario por presuntas irregularidades.

En el tiempo récord de apenas una semana, las autoridades portuguesas estudiaron las alegaciones, remitieron el correspondiente informe a la denominada Comisión de Acompañamiento que, a su vez, redactó el suyo para hacérselo llegar al ministro de Medio Ambiente, encargado de tomar la decisión definitiva.

Unos 60 millones de Ebitda

Al Gobierno portugués también le dio tiempo a tomar una decisión al respecto, dado que el asunto formó parte de la agenda del consejo de ministros de este jueves.

La pelea por el control de la compañía pública portuguesa, valorada en unos 350 millones de euros (los aspirantes se comprometían a asumir la deuda de 200 millones de euros que acumula la empresa) se justifica por su papel preponderante en el mercado local y por sus resultados económicos.

Las estimaciones de los grupos que han participado en el proceso apuntaban a que EGF podría aportarles aproximadamente 60 millones de euros en su resultado bruto de explotación. 


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