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España empata con Turkmenistán y Uzbekistán en el ránking de litigios ante el Banco Mundial

José Manuel Soria.

España ya juega en la ‘champions’ de la inseguridad jurídica a escala global por obra y gracia de los recortes retroactivos aplicados por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy a la retribución de las energías renovables, en su intento, infructuoso hasta ahora, de poner coto al descontrol al déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Los sucesivos hachazos al sector han colmado la paciencia de los inversores internacionales y han logrado una dudosa gesta impensable hace pocos años: colocar al Estado español como el sexto país del mundo con más litigios abiertos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje de disputas comerciales que forma parte del Banco Mundial.

Tras la solicitud de arbitraje presentada esta misma semana por la firma Masdar, filial del fondo soberano del emirato de Abu Dabi, adelantada este jueves el diario El País, España ya tiene cinco procesos abiertos ante este organismo, el mismo al que ha recurrido Repsol para reclamar una indemnización multimillonaria a Argentina (uno de los líderes mundiales en materia de litigios comerciales) por la expropiación de YPF.

Así, España ya está empatada en el ránking mundial de litigios ante el Ciadi con dos ex repúblicas soviéticas con un clima de negocios tan poco favorable como Turkmenistán y Uzbekistán, que también tienen cinco casos abiertos.

Por encima sólo están Venezuela (con 27 litigios), la propia Argentina (23), Egipto (13), Hungría (7) y Perú (6). Estos ocho países (incluyendo a España) concentran casi la mitad de los 183 procesos que se han abierto en los últimos años ante el Ciadi.

Con la nueva solicitud de arbitraje presentada esta semana, España se sitúa por encima de países como Guinea (que tiene cuatro litigios abiertos en el Ciadi), Indonesia, Pakistán, Túnez, Kazajstán, Costa Rica y Grecia (tres procesos cada uno) y otros como Filipinas, Zimbabue, Tanzania, Bangladesh, México o Argelia (con dos), por citar algunos ejemplos.

Cuatro de las cinco reclamaciones que tiene abiertas España ante el organismo del Banco Mundial se deben a los recortes a las renovables y se han presentado en los últimos tres meses: primero fueron el fondo RREEF (vinculado a Deutsche Bank) y Antin (BNP), que presentaron dos procesos el pasado 22 de noviembre; después llegó el fondo británico Eiser (el 23 de diciembre) y el pasado martes se sumó Abu Dabi.

Todos reclaman cientos de millones de euros al Estado español y, de momento, los grandes ganadores son los despachos de abogados y, en concreto, Allen & Overy, el bufete británico que representa a los demandantes personados en el Ciadi.

Independientemente de esa instancia, España es ya el país con más litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en materia energética, si se tienen en cuenta los arbitrajes presentados también ante otras instancias. Ante la Cámara de Comercio de Estocolmo hay planteados tres procesos más (por parte de Abengoa, Isolux y el fondo de la policía montada del Canadá) y en Ginebra, otro (el primero de todos) presentado por 16 fondos con inversiones en fotovoltaica.

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