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Gil-Ortega pretendía 'morir' matando: adjudicaciones exprés y purga de testigos incómodos

El dimitido presidente de Enresa quería aprovechar los 15 días de preaviso en el cargo para adjudicar todo lo adjudicable y sin testigos incómodos. Pese a estar totalmente desautorizado por el Gobierno, tenía el poder para firmar contratos durante estas dos semanas, algunos de los cuales superan el millón de euros.

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, junto a Francisco Gil-Ortega, aún presidente de Enresa y ex vicepresidente de las Cortes castellanomanchegas.
María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, junto a Francisco Gil-Ortega, aún presidente de Enresa y ex vicepresidente de las Cortes castellanomanchegas.

El mismo día (este martes) en el que Moncloa y Hacienda forzaron su dimisión, Francisco Gil-Ortega, que pretendía seguir en el cargo de presidente de Enresa los 15 días que le correspondían por preaviso, dio la orden expresa al Comité de Adjudicaciones de la compañía estatal para que llevaran de urgencia a su despacho todos los expedientes de contratación pendientes de firmar para dejarlos atados y bien atados antes de su marcha definitiva.

Según confirman varias fuentes internas de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, el ex alcalde de Ciudad Real y ex vicepresidente de las Cortes castellanomanchegas, que ha sido forzado a dimitir por su mala gestión en Enresa y los escándalos y gastos injustificados en los que ha incurrido durante su mandato, quería aprovechar las atribuciones que le concedió el consejo de Enresa para adjudicar contratos express.

El máximo órgano de poder de la empresa controlada por la Sepi (Ministerio de Hacienda) y ligada jerárquicamente a Industria, en su reunión de diciembre de 2012, dio plenos poderes de actuación a Gil-Ortega para firmar adjudicaciones de hasta un millón de euros sin necesidad de someter sus decisiones a escrutinio interno.

Pero además, el todavía presidente de Enresa podía activar el "procedimiento urgente" para firmar contratos de adjudicación por un importe superior a ese tope del millón de euros, señalan esas mismas fuentes.

A las dos horas de verse forzado a dimitir, Gil-Ortega ordenó de forma expresa a su Comité de Adjudicaciones que llevara de urgencia a su despacho todos los expedientes de contratación pendientes de firmar

Entre bambalinas y cuando ya era inminente la destitución del presidente, Fabiola Gallego, su secretaria general y del consejo de administración (máxima responsable jurídica de la compañía que llegó al cargo en septiembre pasado tras el fulminante despido de su predecesor, Jesús Moreno) le había diseñado una "inteligente argucia ad hoc" para que pudiera ejercer todo su poder en estas dos próximas semanas sin ver mermadas sus funciones.

Según confirman esas fuentes, la Sepi tuvo que aceptar que Gil-Ortega estuviera 15 días más porque había presentado su (forzada) dimisión "por razones personales" y para cobrar su indemnización no podía abandonar el cargo hasta que terminara el preaviso.

Así las cosas, el presidente, aún habiendo dimitido, disfrutaba de todo su poder y está hoy mismo revisando expedientes de contratos para firmar. Las fuentes internas y también las sindicales del centro de El Cabril, donde está el comité de empresa crítico con la dirección, alertan de que hay indicios fundados de que Gil-Ortega podría adjudicar contratos de pequeña o mediana cuantía a algunos empresarios de su entorno.

Ha dimitido pero disponía durante 15 días de todo el poder que le dio el consejo en diciembre de 2012 para firmar contratos de hasta un millón de euros sin necesidad de escrutinio interno

Gil-Ortega fue uno de los promotores del fallido aeropuerto de Ciudad Real y desde que llegó al cargo ha intentado colocar en la empresa a personas de su entorno proveniente, la mayoría de ellas, de Castilla-La Mancha. Jesús Moreno se atrevió a oponerse a estas contrataciones a dedo y fue despedido de forma expeditiva en septiembre.

En juego y pendientes de firma hay ahora mismo en Enresa contratos de entre 60.000 euros y más de 1 millón de euros, señalan estas fuentes internas. Son la mayoría de ellos adjudicaciones ligadas al contrato del siglo, el que ahora está en stand by y pendiente del 'ok' final, la adjudicación de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Son 263 millones de euros pendientes de adjudicar de una tacada a uno de los ocho licitantes, pero el proceso está parado porque ni el Consejo de Seguridad Nuclear ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el ayuntamiento afectado han dado las autorizaciones e informes favorables pertinentes.

Valle (auditoría) ha sido destituido y Horcajo (RRHH) degradado a técnico raso por ser los dos testigos incómodos en los procesos de adjudicación y firma de contratos

Quedan por abrir los sobres con las ofertas económicas, pero Moncloa, Hacienda e Industria han parado el proceso por las dudas técnicas y de seguridad del basurero nuclear y por la falta de las autorizaciones. Sin embargo, Gil-Ortega quiere aprovechar estos días para conceder contratos menores ligados al "gran contrato paraguas": primeros movimientos de tierra, seguridad de la obra, tubería, alambradas…

Para evitar testigos incómodos a sus adjudicaciones, el aún presidente, ayer mismo, al poco de anunciar su dimisión, despidió de forma fulminante al director de auditoría, Diego Valle, el encargado de auditar las cuentas de los contratos que se adjudican, entre otras funciones.

También ha degradado al nivel de técnico raso al director de Recursos Humanos, Jesús Horcajo, que junto a Moreno se negó a permitir los fichajes a dedo del presidente.

Con estas destituciones, Gil-Ortega tenía casi libre el camino estos días para dejar firmados todos los contratos que le permitan sus atribuciones.


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