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El sector renovable lleva a Soria ante Anticorrupción por el escándalo de los informes fantasma

¿Se malversaron fondos públicos al contratar a dedo a dos consultoras para no utilizar sus informes? ¿Se diseñó el hachazo renovable con criterios interesados? ¿Esconde el ministro una metodología a la carta?

El ministro de Industria, José Manuel Soria.
El ministro de Industria, José Manuel Soria. EFE

La Plataforma para un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, por unos presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en el proceso de diseño y aprobación del recorte a las energías renovables, que ha supuesto una merma de ingresos de 3.000 millones de euros para todo el sector.

El despacho de abogados Holtrop, la Plataforma y la Fundación, encabezada por el experto energético y empresario renovable Jorge Morales de Labra, han confirmado a Vozpópuli que el borrador de la denuncia ya está redactado y sólo queda ultimar detalles para "presentarla este mismo mes de abril".

El argumentario jurídico de la denuncia se centra en varios posibles delitos. En primer lugar, Industria contrató a dedo, sin concurso público (tal y como informó Vozpópuli) a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting por casi un millón de euros (IVA incluido).

Les encargó sendos informes para justificar el hachazo renovable, pero esos informes nunca se utilizaron. Es más, Industria presionó a las consultoras para que le hiciesen esos informes a la carta, pero Boston se negó y fue expulsada del proceso y Roland presentó un documento fechado cinco meses después de la aprobación oficial del recorte.

Los denunciantes consideran que en primer lugar hubo malversación de fondos públicos "al tirar a la basura casi un millón de euros porque los informes, si los hubo, nunca llegaron a utilizarse" para fijar los estándares de inversión que sirvieron de base para el recorte definitivo.

Los denunciantes sospechan que Industria aplicó el hachazo con arbitrariedad interesada, al proteger a algunas instalaciones fijándoles menores recortes que al resto

Pero, según la denuncia, no sólo pudo haber malversación. "Estamos afinando la redacción de la denuncia porque pudo haber prevaricación y se podría ir por la vía penal, dado que se argumentó el dedazo (sic) por el carácter de extrema urgencia de la norma, pero luego se tardó un año en tener esos informes", afirma De Labra.

Además, ¿cómo puede justificar el Ministerio que a la mayoría de las plantas, especialmente fotovoltaicas, se les haya impuesto un fuerte recorte de ingresos, mientras otras, las menos, se han salvado al disfrutar de unos leves ajustes? Los denunciantes acusan al Departamento que dirige Soria, con su lugarteniente para Energía, el Secretario de Estado, Alberto Nadal, al frente de "legislar con arbitrariedad, algo que podría haber perjudicado en exceso a la mayoría de empresas renovables y favorecido a otras, a las que el Gobierno, por las causas que sea, ha querido proteger", añaden las fuentes consultadas.

Otro de los frentes abiertos por la Plataforma, que Anticorrupción tendrá que investigar, es la falta de una metodología que explique los recortes y su arbitrariedad y disparidad. Hasta el Tribunal Supremo ha entendido que Industria tiene que presentar la documentación exigida por los más de 1.500 promotores renovables agrupados en más de 300 recursos que fueron presentados ante el Alto Tribunal.

Los abogados renovables están a la espera de que Industria presente ante el Supremo los informes primigenios y la metodología utilizada; si no es así, lo exigirán ante la Fiscalía

Tras la presentación de una documentación de más de 1.700 páginas por parte de Industria y su organismo dependiente IDAE, el Supremo, a petición de los recurrentes, ha considerado que ésta es insuficiente y no incluye ni la metodología ni los informes de las consultoras, si los hubiere (hasta el momento sólo se tiene constancia de uno de Roland, que llegó cinco meses fuera de plazo).

"Queremos que la Fiscalía investigue si ha habido delito al aprobar una norma sin que se conozca una metodología que la justifique. Y si el Gobierno se niega a entregar al Supremo los informes, estará mintiendo porque el propio Soria, en comparecencia parlamentaria, ha señalado que al menos un informe existe", señalan desde el frente denunciante.

También exigirán la entrega si no llega al Supremo, sí a Anticorrupción, de las primeras versiones de los informes de Roland y de Boston, aunque el de esta última consultora podría ser un informe fantasma que no vio la luz ante la negativa de la empresa a plegarse a los intereses del Ministerio.

Si las partes pueden conocer todas las versiones de los informes se podrá constatar si hubo o no manipulación de ellos y cambios diseñados ad hoc.

Los próximos días serán cruciales porque Industria tendrá que decidir si entrega o no más documentación al Supremo, tal y como pide la parte denunciante. Si en esa nueva documentación no aparecen ni los informes ni la metodología utilizada para aplicar el hachazo renovable, la denuncia ante Anticorrupción exigirá, de nuevo, que se aporten estos documentos y que vayan a declarar los responsables de las dos consultoras.


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